Más de 20 millones de pesos destinados a asistencia social sin documentación que permita comprobar quién los cobró y qué trabajo realizó cada beneficiario; 56 millones de diferencia en Caja y Bancos que no fueron expuestos como exigían las normas; más de 7 millones utilizados sin la correspondiente ampliación presupuestaria; otro desfasaje superior a los 7 millones en las deudas con proveedores y 457 propiedades municipales que no aparecían en el inventario patrimonial. Ese es el cuadro que dejó la revisión de las cuentas de Tartagal correspondientes a 2020, cuando Mario Mimessi era intendente.
La Auditoría General de la Provincia, después de analizar la documentación presentada por el municipio y los descargos realizados durante el proceso de revisión, recomendó al Concejo Deliberante desaprobar técnicamente la Cuenta General de ese ejercicio.
El organismo encargado de controlar las cuentas públicas concluyó que las explicaciones y la documentación aportada no alcanzaron para cerrar una serie de observaciones que comprometen aspectos centrales de la administración municipal.
El punto más delicado aparece en Tartagal Trabaja, un programa mediante el cual se otorgaron subsidios con contraprestación laboral, porque la Auditoría no pudo verificar el destino ni la efectividad de más de 20 millones de pesos al no encontrar la documentación indispensable para reconstruir esas operaciones.
No estaban las planillas de beneficiarios, no estaban los registros de altas y bajas y tampoco aparecían los certificados de las tareas realizadas. Así, frente a una suma millonaria destinada a asistencia social, el órgano de control quedó sin elementos suficientes para responder una pregunta básica que cualquier administración debería poder contestar sin dificultad: quién recibió el dinero y qué recibió el municipio a cambio.
Que la Auditoría no haya podido comprobar documentalmente el destino de esos fondos no significa que haya probado un desvío, pero tampoco permite dar por demostrado que el programa se ejecutó correctamente. Entre una cosa y la otra está precisamente el problema que dejó expuesto el informe: cuando faltan los respaldos, el Estado pierde la capacidad de controlar su propia plata.
En Caja y Bancos apareció una variación positiva de 56 millones de pesos que no fue expuesta respetando las normas vigentes, mientras que más de 3 millones correspondientes a Fondos de Reparos retenidos por el Instituto Provincial de Vivienda tampoco fueron registrados correctamente. La administración municipal explicó parte de estas inconsistencias por fallas del software y por las dificultades que produjo la pandemia, pero esas explicaciones no consiguieron levantar todas las observaciones.
En las cuentas con proveedores volvió a aparecer el mismo problema: la Auditoría detectó un desfasaje superior a los 7 millones de pesosy señaló que el municipio no contaba con mecanismos confiables que permitieran relacionar los compromisos asumidos con los pagos efectivamente realizados, una deficiencia que no es menor cuando se intenta saber cuánto debe realmente una administración y qué obligaciones ya fueron canceladas.
También se comprobó que más de 7 millones de pesos provenientes de un excedente de recaudación fueron destinados a gastos corrientes sin que antes se realizara la ampliación presupuestaria correspondiente.
El presupuesto municipal no es una sugerencia ni una formalidad que pueda acomodarse después de que se gasta el dinero; es el instrumento mediante el cual se autoriza y controla el uso de los recursos públicos. Cuando una administración utiliza un excedente sin cumplir con el procedimiento presupuestario correspondiente, el problema no queda reducido a una cuestión de papeles porque afecta directamente la forma en que el Concejo Deliberante y los organismos de control pueden seguir el recorrido de esos fondos.
Después aparece el patrimonio. Y ahí el informe muestra otro dato difícil de explicar como una simple desprolijidad: 457 inmuebles que figuraban a nombre de la Municipalidad de Tartagal en los registros de la Dirección General de Inmuebles no fueron incorporados correctamente al inventario patrimonial municipal.
La administración habló de un descuido burocrático, pero un municipio que no registra en su patrimonio cientos de propiedades que aparecen a su nombre tiene un problema que excede ampliamente el orden de una oficina, porque el inventario no existe para llenar casilleros sino para establecer qué bienes pertenecen al Estado, dónde están y cuál es su valor.
A esto se sumaron diferencias entre los valores declarados por la comuna y los registrados por la Dirección General de Inmuebles, de manera que las inconsistencias no quedaron limitadas a la existencia de los bienes sino que también alcanzaron su valuación.
La rendición tampoco incluyó los balances de Tartagal Productiva, la sociedad del Estado municipal, con lo cual el organismo de control no tuvo incorporada en la Cuenta General toda la información correspondiente a una estructura que forma parte del entramado económico de la Municipalidad.
El expediente tuvo, sin embargo, una instancia de descargo en la que la administración consiguió revertir parte de las observaciones: 17 de los cuestionamientos iniciales fueron levantados por la Auditoría después de que se presentaran nuevos elementos.
Mimessi hoy es ministro de Desarrollo Social de la Provincia, después de haber dejado aquella intendencia en un estado desastroso. Los hechos ya son suficientemente graves como para exigir explicaciones. Hay millones que no pudieron ser respaldados como correspondía, patrimonio que no fue registrado correctamente y operaciones que la Auditoría no pudo validar con la documentación disponible.