Una planilla oficial puso nombres y apellidos a la polémica por la Escuela 7160. Hay más de 300 cargos interinos y, según la denunciante, aparecen familiares de funcionarios y dirigentes gremiales. Entre ellos figura Pablo Marcial, hombre de confianza de Pablo Outes.
La historia de la Escuela 7160 dejó de ser solamente una pregunta sobre dónde funciona una institución que figura en los registros del Ministerio de Educación. Ahora hay nombres, cargos y fechas. Será difícil de explicar a la ministra Cristina Fiore y al 2 de esa cartera, Alejandro Williams Becker, qué ocurre alrededor de una escuela que, según la denuncia presentada ante la Justicia, no tiene una estructura física que se corresponda con la cantidad de personas que aparecen designadas.
La docente Celia Alancay, quien llevó el caso a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Ana Inés Salinas Odorissio, accedió a documentación del Ministerio de Educación en la que figuran más de 300 cargos vinculados con la Escuela 7160. La propia docente explicó que comenzó a revisar la información después de preguntarse dónde funcionaba efectivamente la institución, quiénes eran sus alumnos y qué estructura tenía para justificar semejante cantidad de designaciones.
En FM Infinito Alancay se preguntó: “¿Dónde están esos 300 docentes? ¿Dónde está el edificio? ¿Dónde están los alumnos?”.
La pregunta no es menor. De acuerdo con el detalle que surge de la documentación denunciada, se contabilizan 40 maestras de nivel inicial, de las cuales 28 aparecen asignadas al turno mañana y 12 al turno tarde; 12 maestras de Religión; 72 maestros especiales para el turno mañana y otros 23 para el turno tarde. La mayoría de las altas, según la información aportada, se habría producido durante marzo. Todos los cargos aparecen bajo la modalidad de interinato.
La magnitud resulta todavía más llamativa cuando se la compara con establecimientos perfectamente identificables. Alancay mencionó como referencia al Hogar Escuela, que cuenta con alrededor de 60 docentes, para explicar el volumen de una planta que supera ampliamente las tres centenas. “300 docentes parece una barbaridad”, sostuvo durante la entrevista.
Pero el verdadero problema aparece cuando se empiezan a mirar los nombres. Según la denunciante, en el listado figuran familiares de funcionarios del Ministerio de Educación y personas vinculadas con sectores gremiales, entre ellos dirigentes de la Asociación Docente Provincial (ADP), organización cuyos referentes también participan de la Junta Calificadora de Méritos. Alancay afirmó que conoce a varias de las personas que aparecen en la documentación y que algunas mantienen vínculos con ese espacio gremial. La acusación, de comprobarse, excedería largamente una simple irregularidad administrativa: implicaría determinar si la estructura de cargos públicos fue utilizada para beneficiar a personas vinculadas con sectores de poder.
El caso Marcial
Uno de los nombres más llamativos que aparecen en el listado es el de Pablo Marcial, mano derecha del diputado nacional “justicialista” Pablo Outes.
Marcial habría sido dado de alta el 2 de febrero de este año para desempeñarse como “asistente escolar” en la Escuela 7160.
Este último dato adquiere especial relevancia por su recorrido reciente en la función pública: antes, Marcial había sido funcionario de la Municipalidad de Salta y terminó fuera de la estructura municipal luego de un escándalo que involucró presuntos pagos irregulares a cooperativas.
En aquella oportunidad, Opinorte informó sobre la existencia de diez cooperativas que habrían recibido pagos por servicios que, según fuentes municipales citadas entonces, solamente eran prestados por cinco de ellas. Marcial finalmente renunció a su cargo. Ahora, meses después, su nombre vuelve a aparecer en una estructura educativa que ya está bajo la lupa judicial.
El caso también expone una particular paradoja de la administración pública: mientras docentes quedan afuera del sistema, se denuncia la existencia de cientos de cargos interinos asignados a una institución cuya ubicación, funcionamiento y matrícula no logran ser explicados públicamente.
La propia Alancay es una de las docentes que cuestionó su situación laboral y sostiene que comenzó a investigar la 7160 precisamente después de encontrarse con esa documentación. Según su relato, presentó pedidos formales de información ante el Ministerio y no obtuvo respuestas satisfactorias.
Mientras, los registros oficiales efectivamente identifican a la Escuela de Educación Especial Nº 7160 y la ubican en Salta, pero la propia documentación oficial disponible la vincula con el domicilio de la Comisaría del Menor en barrio Castañares, mientras que la denuncia sostiene que allí no existe una estructura educativa capaz de albergar semejante planta.
La Justicia deberá determinar si hubo o no designaciones irregulares, quién las autorizó, quiénes cobraron y qué contraprestación existió detrás de cada cargo. También deberá establecer si hubo manipulación de registros, algo que Alancay denunció públicamente al señalar que recibió distintas versiones de las planillas y que algunos datos habrían sido modificados.
Mientras tanto, la lista ya aporta algo que antes no estaba: los nombres. Y eso cambia la dimensión del escándalo. Porque una cosa es hablar de 300 cargos que nadie sabe dónde están y otra, bastante más concreta, es empezar a encontrar en esos cargos a personas vinculadas con funcionarios, dirigentes gremiales y dirigentes políticos.