La Auditoría y el ministro de Economía dejaron expuestas irregularidades en las designaciones docentes que comprometen a Educación. La salida de Becker no despejó las responsabilidades políticas de la ministra.
La crisis que explotó en el Ministerio de Educación por la Escuela fantasma sumó elementos que complican todavía más la situación de Cristina Fiore. El informe de la Auditoría General de la Provincia y las declaraciones del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, dejaron al descubierto designaciones docentes que no pasaron por la Junta de Méritos y Disciplina, un procedimiento que no es un detalle administrativo, sino una instancia central para garantizar la transparencia en el acceso a los cargos. Después de esas revelaciones, la pregunta ya no pasa solamente por cuánto más podrá resistir la ministra en su despacho, sino por qué el gobernador Gustavo Sáenz insiste en sostenerla.
La renuncia del secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, parecía destinada a marcar un punto de inflexión en el escándalo. Sin embargo, según trascendió, la posibilidad de que Fiore también dejara el cargo estuvo sobre la mesa, aunque habría sido el propio Sáenz quien le pidió que continuara al frente del Ministerio hasta diciembre, cuando tiene previsto introducir cambios en su Gabinete. De confirmarse esa versión, el gobernador habría optado por administrar los tiempos políticos de la crisis antes que resolverla de inmediato, pese a que las irregularidades ya excedieron el ámbito de las explicaciones internas.
El problema para Fiore es que las últimas declaraciones de Dib Ashur dejaron menos espacio para las versiones con las que se intentó contener la polémica. El ministro confirmó que hubo nombramientos irregulares y reconoció que se realizaron designaciones sin pasar por la Junta Calificadora, en abierta contradicción con las explicaciones que habían surgido desde el área educativa. Cuando las observaciones de un organismo de control encuentran respaldo en las palabras de otro integrante del propio Gabinete, la discusión deja de ser una disputa entre funcionarios y se convierte en un problema de responsabilidades dentro del Gobierno.
La dimensión económica tampoco es menor. Las designaciones vinculadas con la escuela fantasma involucrarían cerca de 300 cargos docentes y, de acuerdo con las estimaciones que trascendieron, un costo mensual próximo a los 300 millones de pesos para las arcas provinciales. La mayoría de los nombramientos se dieron en febrero y marzo de este año. La cifra, entonces, supera ampliamente los mil millones de pesos que el Estado puso en la Escuela fantasma.
Es dinero público comprometido en un esquema que ahora debe ser explicado con documentación, actos administrativos y responsables concretos. No alcanza con desplazar a un funcionario de segunda línea, si todavía quedan preguntas centrales sin responder sobre cómo se autorizaron esos nombramientos, quiénes intervinieron y qué controles se omitieron.
Las revelaciones del titular de Economía también ponen bajo presión a la investigación judicial. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio deberá determinar qué responsabilidades penales pueden surgir de los hechos denunciados y avanzar sobre la documentación que respalda las irregularidades. Las críticas por la falta de avances cobran relevancia frente a la aparición de nuevos elementos públicos, aunque cualquier cuestionamiento sobre el ritmo de la causa debe distinguirse de las sospechas que circulan sobre supuestos contactos entre funcionarios y representantes judiciales, que por sí solas no acreditan ningún tipo de irregularidad.
En el plano político, la salida de Becker no puede funcionar como una respuesta suficiente mientras las responsabilidades de la conducción ministerial sigan sin esclarecerse. Fiore está al frente de la cartera en la que se produjeron las irregularidades y las explicaciones oficiales quedaron bajo cuestionamiento después de las declaraciones de Dib Ashur. Eso no equivale a dar por probada una responsabilidad penal de la ministra, pero sí coloca sobre la mesa una discusión política que el Gobierno no puede resolver únicamente con el calendario de recambios que maneja el gobernador.
Sáenz puede mantener a Fiore en el cargo hasta diciembre, como trascendió, pero esa decisión también lo compromete políticamente: supone sostener a una ministra cuya gestión quedó seriamente cuestionada por un escándalo que involucra designaciones docentes, procedimientos presuntamente vulnerados y un costo millonario para la Provincia.