El secretario de Minería Gustavo Carrizo en diálogo con Infinito defendió la expansión del sector. Sobre el dinero que queda en la provincia, distinguió los dólares exportados de los ingresos locales y defendió el esquema de regalías calculadas sobre el valor boca mina.
La discusión sobre cuánto de la riqueza que genera la mineria queda en la provincia continúa abierta.
Al respecto Carrizo pidió mirar el proceso en perspectiva: “Nosotros estamos en pleno proceso de expansión”, sostuvo, y recordó que la actividad comenzó a desarrollarse a otra escala hace pocos años.
Señaló que para conocer el impacto definitivo habrá que esperar que los proyectos avancen desde la construcción hasta la producción. Informó que la Secretaría tiene registrados 5.850 empleos vinculados a la minería y proyecta incorporar otras 600 personas hasta diciembre en la etapa de construcción del proyecto de Rio Tinto.
“No es solo trabajar en la Puna los 15 días y después venir a la ciudad a descansar; me tengo que seguir capacitando para la etapa siguiente”, explicó.
El funcionario aseguró que la Provincia trabaja con empresas y proveedores para favorecer la contratación local. Dijo que durante 2026 se realizaron tres auditorías sobre el cumplimiento del Compre Salteño y que en noviembre comenzaría una cuarta, con controles sobre la mano de obra y los procesos de contratación.
Sin embargo, los reclamos de proveedores que denuncian que algunas mineras contratan servicios desde sus países de origen mantienen abierto el interrogante sobre cuánto espacio real ocupan las empresas salteñas en el negocio.
Carrizo citó un informe de la Dirección Nacional de Promoción de la Economía Minera que contabilizó US$781 millones en exportaciones mineras de Salta entre enero y septiembre, un 128% más que en el mismo período del año anterior.
Pero el propio secretario aclaró que ese monto corresponde a exportaciones y no al dinero que ingresa directamente a las arcas provinciales. Para las regalías mineras, mencionó cifras del primer y segundo trimestre, aunque no precisó con claridad el monto acumulado. También informó una recaudación provincial de alrededor de 14.000 millones de pesos por servicios mineros, un concepto distinto de las regalías.
La discusión más incómoda llegó cuando los periodistas le preguntaron por el sistema vigente para calcular esos pagos. Las regalías se establecen en un 3% sobre el valor boca mina, es decir, sobre el valor del mineral en esa instancia, y no sobre el precio del producto procesado que finalmente se exporta.
Defendió la existencia de controles y rechazó que la Provincia se limite a aceptar las declaraciones de las compañías. “No creo que solamente nos basemos en el informe que nos pasan las empresas”, afirmó, y mencionó inspecciones en los proyectos con participación de otras áreas del Estado.
Sostuvo que a las regalías deben sumarse los ingresos por servicios mineros. La distinción contable es necesaria, aunque no responde por sí sola cuánto representa la minería para las cuentas públicas ni qué proporción de la riqueza generada termina traduciéndose en beneficios concretos para las comunidades.
Sobre la empresa estatal REMSa, Carrizo aclaró que la Secretaría de Minería no interviene en sus decisiones de asociación con compañías privadas. Según explicó, el organismo a su cargo tiene funciones administrativas, de fiscalización y control ambiental, pero no participa en el esquema de negocios de esa sociedad anónima.
Carrizo pidió valorar el tiempo transcurrido desde el despegue de la actividad. “Chile lleva 100 años; nosotros llevamos seis”, comparó, al argumentar que Salta todavía atraviesa una etapa inicial y que los proyectos tienen previstas nuevas fases de expansión.