En el nosocomio, el personal penitenciario supera en número a los profesionales de salud mental. La falta de enfermeros impide un control adecuado de la medicación. La ausencia de una política pública de salud mental en Salta agrava el cuadro cada día.
La secretaría de Derechos Humanos (ahora devenida a subsecretaría), a cargo de Mariana Reyes, tomó conocimiento de las flagrantes violaciones a la dignidad de los pacientes internados por orden judicial en el Centro de Tratamiento del Hospital Ragone.
El ministro de Salud, Federico Mangione, y el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, no garantizaron el presupuesto del Centro ni el espacio físico, tampoco el personal especializado necesario para la rehabilitación, lo que en los hechos convirtieron al Ragone en una cárcel, creando así todos los problemas de la mayoría de las penitenciarías.
En una decisión política, relegaron al hospital de las prioridades sanitarias de la provincia y desoyeron la Ley nacional de Salud Mental, que ordena su reconversión en hospital comunitario. El resultado: menos atención clínica y un funcionamiento que insume los recursos financieros y humanos para un rol carcelario.
Lo resuelto por este binomio de funcionarios, es problemático. La provincia puede enfrentar algún habeas corpus o recurso de amparo y Mangione y Teruel deberán, en el caso, cambiar de decisión por imperio de la justicia.
En Salta existen dos fallos icónicos sobre la cuestión de fondo de la salud mental y que marcaron jurisprudencia en sendos casos en los que al poder político no les importó el cuidado de los pacientes en los hospitales: uno (2009), es el del del juez Mario D´Jallad. Resolvió el traslado al Ragone de los internos rurales de la ex-Colonia Potreros de Linares, hospital que luego que cerró. Además, exigió que la provincia diseñe un Plan de Salud Mental y que tenga metas verificables en el mismo juzgado. El otro fallo (2022), de la jueza Ana María Carriquiry, dio la razón a los pacientes del Hospital de Orán. Logró un mayor presupuesto y un lugar para atender adictos con servicios de psiquiatría y psicología.
La situación es crítica. El Ragone cuenta con 138 pacientes internados y apenas 9 psiquiatras, cuando se requieren al menos 20. En el Centro de Tratamiento, con capacidad para 16 personas, se alojan 25, generando hacinamiento extremo. Solo un psiquiatra atiende a esos pacientes, mientras los psicólogos intervienen esporádicamente.
La mayoría de las tareas de contención recaen en una trabajadora social y en los guardiacárceles. El personal penitenciario supera en número a los profesionales de salud mental. La falta de enfermeros impide un control adecuado de la medicación, lo que provoca la descompensaciones y delirios de muchos.
Se registran prácticas sexuales sin protección por ausencia de preservativos, eso agrava la vulnerabilidad de los internos debido a la promiscuidad en que viven.
Teruel, como especialista, no puede desconocer que la mayoría de los pacientes judicializados son adictos y requieren tratamiento de deshabituación; tampoco garantizó la terapia adecuada. Esta omisión de asistencia a las personas que los jueces envían al Ragone, incide para que los magistrados quieran levantar las medidas de seguridad aplicadas y las liberen sin la rehabilitación legal, lo que la internación no cumpliría con el fin de la resocialización.
La crisis del Hospital Ragone no es un hecho aislado, sino el reflejo de una ausencia de política pública de salud mental en Salta. Esa falta de planificación y compromiso estatal explica por qué se producen violaciones sistemáticas de derechos humanos en una institución que debería ser un espacio de cuidado y rehabilitación, y no de abandono y hacinamiento.