Las cambios tienen que ver con crear un subgrupo de profesionales con más de 6 años de carrera universitaria y con una nueva modalidad de contratación.
Esta semana será rica en reuniones y debates entre profesionales de la salud y legisladores provinciales por los cambios que se proponen en los artículos 21 y 25 de la Ley 7.678 del Estatuto de la Carrera Sanitaria. A mediados de agosto la reforma al artículo 25 fue aprobada por la Cámara de Diputados -según advirtieron sin que se escuchara a los principales afectados por estos cambios-, y se espera que esta semana se trate el tema en la Cámara de Senadores.
El temor de los colegios es por las modificaciones que se pudieran dar en el artículo 21 de esta ley, que plantea crear un subgrupo de profesionales con más de seis años de carrera universitaria, lo que excluiría a todos los que no son médicos. La actual diferencia de subgrupos es a partir de los cinco años. Quienes están en contra plantean que se busca la precarización laboral y consideran que la división de subgrupos a partir de los seis años es discriminatorio e inequitativo.
El Tribuno consultó la postura del Círculo Médico y su presidente, Luis Herrera, dijo que lo discutirán en la comisión directiva mañana al mediodía.
Irma Silva, presidenta del Colegio de Psicólogos, dijo a El Tribuno que están “en estado de alerta” y que hoy se reunirán las comisiones de todos los colegios para decidir qué medidas toman ante la propuesta de reforma, que consideran como “avasallamiento de la carrera sanitaria”. Las instituciones que repudian los cambios en la legislación son los colegios de profesionales psicólogos, graduados en Nutrición, fonoaudiólogos, fisioterapeutas y kinesiólogos, odontólogos, bioquímicos y de trabajo social.
“Esto ya viene de larga data. Es el mismo proyecto que estuvo en danza en 2015”, recordó Silva. “En ese momento no lo pudieron sacar porque todos los colegios profesionales hicimos las intervenciones que creímos oportunas con el presidente de la Cámara de Diputados y con la comisión de legislación. Concluyeron que no tenía asidero y que no se iba a tratar. Dijeron que, ante cualquier situación que en el tiempo surgiese, seríamos convocados”, contó.
“Esto seguro va de la mano de otra cuestión que se quiere implementar, porque incluso esto va a perjudicar a los propios médicos, ya que no todos tienen más de seis años de carrera universitaria”, observó. “Esto va a tener mucho que ver cuando se llame a concurso”.
Los colegios de profesionales proponen que, si se hacen modificaciones a los subgrupos, se distinga en cuanto a la capacitación. Proponen que haya un subgrupo para aquellos que tienen especializaciones, maestrías o doctorados y otro para quienes tienen solo el título de grado universitario.
Isabel Loza, presidenta del Colegio de Nutricionistas, contó que en 2015, ante el mismo proyecto, se hizo una “presentación por discriminación e inequidad, porque no se condecía con la Constitución provincial ni con la nacional, según las cuales “todos son iguales ante la ley”. “Así logramos que eso se suspendiera”, expresó. Loza se mostró preocupada por el cambio en el artículo 21, que “presume que los médicos son de mayor categoría que los demás profesionales”. “Hablamos de equipos de salud que deben trabajar interdisciplinariamente. Nos cuesta afianzar el concepto de lo que es un equipo de salud”, opinó.
Consideró que, detrás del cambio, hay una búsqueda de mayores ganancias por parte de los médicos. “Quieren ganar más que todos los otros profesionales. No quieren estar igual que ellos”, dijo sobre todo en relación con los enfermeros.
Ambas presidentas consideraron que el nuevo proyecto va a contramano de la Ley Nacional de Educación Superior.
“Eso es grave”, señaló Loza. “La Ley de Educación Superior habla de cuatro a seis años, pero eso no es lo que da la validez de la carrera. Lo que da la validez de la carrera es un plan de estudio con contenidos básicos que tengan una formación práctica, que lo da el Ministerio de Educación de la Nación. Todas nuestras carreras, incluyendo medicina, son carreras de grado de interés publico que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de la población”, sentenció.
Aclaró que todos los profesionales de la salud tienen actividades reservadas que les permiten prescribir y certificar algo. “Nosotros no queremos pelear. La propuesta que hemos hecho a los senadores es que haya un solo agrupamiento profesional con subgrupos”, explicó. El primero sería para aquellos que tengan especialidades, maestrías o doctorados. Lógicamente ellos tienen que estar mejor remunerados porque han estudiado y se han capacitado más. El segundo subrgrupo sería para aquellos que tengan carreras de grado, también de interés público, pero que no hayan tenido otra capacitación. “Yo creo que amerita tratar de beneficiar al que se sigue capacitando y sigue estudiando que a aquel que se quedó”, manifestó.
Temor por una precarización laboral de los profesionales
En la sesión del 15 de agosto los diputados aprobaron la reforma del artículo 25 del Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública. Ante esta situación, los colegios de profesionales y los gremios señalaron que puede darse una precarización laboral.
Según denunciaron -de aprobarse en el Senado-, el cambio en el artículo 25 plantearía como legal la contratación de médicos como monotributistas. Quienes impulsan estos cambios consideran que esto permitirá que haya más médicos en el sistema público de salud y que se considere a los médicos en una categoría superior a la del resto de los trabajadores. “Los gremios son los que tienen que defender la precarización laboral. Nosotros, como colegios, debemos cuidar el ejercicio profesional de todos nuestros colegiados, que en este momento se ve atacado y avasallado”, señalaron desde los colegios de profesionales.
Gabriela Cerrano, senadora para Capital, contó que el miércoles se reunirá con la Comisión de Salud, a pesar de no pertenecer a la misma.
“Creo que lo importante acá es que se escuche a las personas interesadas, a las asociaciones profesionales que reclaman por eso. El gran problema que tenemos en la provincia de Salta es el ajuste a la salud, que se manifiesta en todos los planos. La modificación al artículo 25 abre la posibilidad de que los profesionales sean monotributistas. De hecho ya estaban en estas condiciones, solo que no estaba totalmente legalizado”, destacó la legisladora.
Con respecto a la motivación oculta tras este proyecto, explicó que “el interés más general es del propio Gobierno, que quiere profundizar el ajuste que ya hay en la salud”.
Cerrano lamentó que “esto se suma al cuadro más general que existe en la provincia, de una salud que apunta lisa y llanamente, a una privatización. Los gerenciamientos privados son el reflejo de eso también”.
Fuente: El Tribuno