Finalmente la sesión convocada por Cambiemos, el bloque de Lavagna y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti para ayer jueves no logró sentar a todos los legisladores de esos espacios. Se buscaba prorrogar el régimen de promoción de los biocombustibles hasta 2024.
Detrás de la sesión, queda en evidencia el lobby que ejercieron las grandes cerealeras, tales como Cargill y Louis Dreyfus.
Los grandes holdings son los principales fabricantes de biodiesel que en su mayor volumen se destina a la exportación pero tampoco quieren resignar los cupos de corte para la mezcla de naftas y gasoil para la distribución interna, como intenta evitar el oficialismo con la aprobación del nuevo régimen.
Hoy en el país hay 56 plantas de las cuales 19 están instaladas en Santa Fe que en su gran mayoría son pymes pero también Dreyfus y Cargill han levantado sus propias factorías con grandes capacidades productivas. Según la Política Online «afirman en el sector, que se destinan totalmente a la exportación mientras que el resto de las pequeñas y medianas industrias producen para el mercado interno aunque el actual régimen no lo prevé expresamente».
El bloque del Frente de Todos propuso debatir una nueva normativa que reserve a las pymes la provisión de biocombustibles para el corte de naftas y gasoil que se despacha localmente e impedir que las grandes cerealeras o controladas por ellas acaparen el mercado interno.
Ante esto, Cargill y Dreyfus se pusieron al frente de las negociaciones para que diputados se adelantase con la sanción de la prórroga del actual régimen que vence a mediados de mayo y que obtuvo media aprobación en la Cámara Alta.
No obstante, la sesión convocada por Cambiemos, el bloque de Lavagna y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti para este jueves no logró siquiera sentar a todos los legisladores de esos espacios.
Los intereses son complejos. Por un lado, las provincias petroleras que se niegan de plano al corte de naftas con biocombustibles y se resisten con la misma fuerza tanto a la prórroga como a la una nueva ley; mientras que en las provincias productoras Santa Fe y Córdoba tienen mucho peso las grandes terminales agroexportadoras que llevaron adelante el lobby para que se apruebe este jueves el actual régimen.
Lo lógico sería apurar el trámite para que se apruebe la nueva legislación, razonan en el oficialismo, que permita fijar por escrito el régimen que dicen que está vigente y garantizado en la práctica y que no perjudica a las grandes exportadoras porque no las afecta.
En ese sentido, un importante dirigente del sector agroexportador le reconoció a LPO que el mercado del biodiesel no puede sostenerse a través de pymes ya que la competitividad depende de la producción a gran escala y que para subsanarlo habría que definir un programa de fusión de empresas o la reconversión de las mismas, el objetivo contrario que propone el proyecto del oficialismo.
El tema escaló la tensión luego de la reunión de Comisión en Diputados del lunes pasado donde el legislador rosarino Marcos Cleri dejó un dato inquietante cuando acusó a las grandes exportadoras de realizar triangulaciones de ventas a Europa para evadir impuestos. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que Malta fue el segundo destino de exportación de biodiesel argentino en 2019 con 90 mil toneladas representando el 16 por ciento del total de las ventas al exterior durante ese período y del 14% en 2017 cuando la isla mediterránea tiene apenas 500 mil habitantes, todo un misterio.
