En el Poder Ejecutivo ya se habla de un eventual veto a la “Ley Bozal”, si es que logra su sanción definitiva. Una vez más, Diputados mete al oficialismo en un callejón sin salida, aunque desde otra mirada, podríamos estar ante un nuevo “globo de ensayo”, que ante el rechazo que causó, no hubo convicción de sostener.
La modificación a la Ley Contravencional a instancias y por iniciativa del oficialismo de la Cámara de Diputados, sigue generando polémica y expone una fuerte descoordinación política en el seno del oficialismo provincial.
Las circunstancias remiten de manera inevitable a lo ocurrido a fines de mayo, cuando en el momento más crudo del conflicto docente, los diputados oficialistas aprobaron sobre tablas y sin previo aviso, el proyecto de Ley Antiprotestas, tras lo cual, hubo una fuerte presión para que 48 horas más tarde, el Senado haga lo propio sancionando en definitiva el proyecto pero con una muy ajustada mayoría.
El fastidio se presenta por las críticas al artículo 50 del proyecto aprobado el martes, en el que se legisla una pena de 25 días de cárcel o multa económica a quien publique una noticia que pueda “desacreditar” a un funcionario público o que pueda generar “tumulto”. Ocurre que la modificación al Código Contravencional se hizo en el marco de una necesaria “Protección del derecho de intimidad de las personas” y una legislación sobre las noticias falsas, ambos propósitos loables, quedaron en segundo plano ante la idea de un blindaje a funcionarios públicos que atenta contra las garantías constitucionales.
En este contexto, reina la incertidumbre en el tridente que toma las decisiones más importantes de la Cámara de Diputados, a raíz de la polémica que se ha formado en torno a la media sanción a la Ley Bozal, ese tridente está compuesto por el presidente del Cuerpo, Esteban Amat, el presidente del bloque Justicialista, Germán Rallé y la presidenta de la Comisión de Legislación General, Socorro Villamayor. Esta última fue quien defendió el polémico proyecto, al igual que sucedió cuando se trató la Ley Antiprotestas, que a posteriori fue vetada parcialmente.
Marcha y contramarchas
“Quiero transmitirle a todos los salteños que tengan la tranquilidad que este Gobierno va a garantizar 100% la libertad de expresión. Nos hubiera gustado que se dé un debate más amplio. Falta la instancia del Senado, pero que la gente tenga la tranquilidad, no vamos a limitar en absoluto la libertad de expresión”, declaró este viernes el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.
En una entrevista radial, el funcionario de la Cartera Política añadió: “He conversado sobre el tema con el gobernador esta mañana. Él no estaba en conocimiento del tratamiento de esta ley y claramente quiero transmitirle a todos los salteños que tengan la tranquilidad que este gobierno va a garantizar 100% la libertad de expresión (…) si se llegara a aprobar, el Gobernador va a vetar aquellos artículos que tengan que ver con este tema para los funcionarios. Los funcionarios tenemos que estar expuestos frente a la opinión de la gente, sea cual sea”.
En principio, estamos en las puertas de un nuevo veto parcial en caso de prosperar la iniciativa en el Senado. Pero más allá de esto, las declaraciones de Villada no dejan de sorprender, pues muestran –en el mejor de los casos- una improvisación manifiesta en el comando político del oficialismo provincial. Con una mayoría agravada y muy alineada en ambas Cámaras Legislativas, un nuevo veto en menos de dos meses es un auténtico papelón.
No obstante, en la peor de las hipótesis, aparece la posibilidad de que este nuevo “marcha atrás” signifique el fracaso de otorgar un nuevo blindaje a los funcionarios, que se suma a los fueros que se le otorgaron cuando a fines de 2019 se modificó la Ley de Ministerios. (P.R.A)
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