La provincia tiene pocas opciones para solventar un faltante de alrededor de $700 millones. Lo más probable, es que deberá endeudarse y emitir letras, títulos o bonos; un diputado de la oposición ya propuso un proyecto para ampliar el límite de endeudamiento provincial a corto plazo, marcandolé el camino que por ahora no confirma el ministerio de Economía.
Que la crisis sanitaria por el COVID-19 ha producido desequilibrios en la economía salteña no quedan dudas.
Según datos aportados por el ministro Roberto Dib Ashur, la provincia recaudaba habitualmente entre $1000 y $1200 millones de pesos mensuales, y ahora recibió solo $300 millones, lo que implica una reducción de casi 700 millones de pesos, es decir una gran montaña de plata con que la provincia ya no contará.
Con ese panorama, las posibilidades para la provincia son pocas, y todo decanta en que se deberán emitir letras, títulos o bonos, sin embargo todavía no hay confirmaciones. Un indicio en ese sentido lo dio el propio gobernador. Entrevistado por una radio porteña, Sáenz reconoció que “como todos los gobernadores, evaluamos la posibilidad de títulos o bonos”.
Como remedio a la acuciante situación económica y fiscal, el olmedista Julio Moreno marcó el rumbo económico que a su parecer debe seguir Salta. El diputado opositor planteó un proyecto de ley para que se permita ampliar el límite de endeudamiento provincial, que actualmente está fijado en un 3,7%, y de esa manera se emita bonos.
Desde la izquierda, el diputado del Partido Obrero Claudio del Plá considera que se deben conseguir los fondos cobrando un impuesto a los grandes propietarios de tierras. En un hecho singular, la propuesta del legislador de izquierda tiene una base material. Del Plá en declaraciones radiales citó correctamente el último Censo Nacional Agropecuario, el cual indica que la mitad del territorio destinado a la agricultura en Salta se encuentra bajo propiedad de 70 personas físicas. 35 de ellas tienen entre 10.000 y 20.000 hectáreas y otras 35 poseen más de 20.000 hectáreas. Aunque sin un calculo fino el parlamentario trotskista plantea sacar de allí la plata.
Si se opta por emitir letras o títulos, la provincia repetiría una estrategia de la que ya se valió en el año 2016-2017, Carlos Parodi y Sebastián Gomeza, la emisión alcanzó los 2100 millones de pesos. El largo chorro se cortó con el ingreso del hombre de Jorge Brito, Fernando Yarade, quien ante el festival de bonos de un plumazo cortó esa política.
Los manuales indican que la emisión de letras puede ser un salvataje para momentos críticos como los actuales, pero puede convertirse en peligroso si se las adopta como medidas a largo plazo, especialmente por el monto que se paga de intereses.
Un dato poco optimista que arrojan encuestadoras nacionales es que Salta es una de las provincias peores posicionadas fiscalmente, lo que no le posibilita para innovar con medidas que pueda sostenerse en el tiempo. El bajo nivel de recaudación, que se ha complejizado durante la cuarentena, más una deuda de 9600 millones de pesos con vencimientos para este año y un déficit en las finanzas del Estado, estimada en más de 1100 millones de pesos, muestra que no tenemos el desarrollo asegurado y que atravesamos un escenario complejo.
Los intendentes, al tanto del panorama, han exigido también al Estado una serie de medidas para resolver en el cortísimo plazo, como el pago de sueldos y el cumplimiento del aumento de sueldos, firmados en las paritarias.
Es necesario acceder a números claros y que se conozcan los ingresos y egresos por lo menos del primer trimestre para que todos los salteños podamos tener magnitud de las medidas que precisa la provincia.
Por Anibal Roldan