El Organismo de Control, de rango constitucional, tiene independencia funcional pero sólo en la formalidad. La hermana del ministro a cargo de la Cartera Política, fue enviada por Demitrópulos y asumió un rol clave en las decisiones.
La Auditoría General de la Provincia es el organismo de control externo, creado tras la reforma constitucional del año 1998, con el propósito de controlar la hacienda pública provincial y municipal y cuenta con independencia funcional administrativa y financiera.
Más allá de que en 2021, durante la convención constituyente, se reformó el artículo de la Constitución referido al funcionamiento y composición de la Auditoría General de la Provincia -AGP-, y que se lo hizo en nombre de la calidad institucional, horas después de proclamada la nueva Constitución, al Senado y a la Cámara de Diputados poco le importó la letra de la Carta Magna referida a la mayoría de auditores (cuatro de siete), deben pertenecer a partidos políticos o frentes electorales de la oposición, y avalaron la propuesta de diputados del Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, postulando y designando a Elsa Pereyra Maidana y Marcos Segura Alzogaray, para integrar la AGP.
Sin embargo, esta irregularidad no parece ser la última, en efecto, días atrás la presidencia del Organismo, a cargo de Gustavo Ferraris, creó el área de Planificación, cuya tarea es la de coordinar la elaboración del “Programa de Acción Anual de Auditoría”, en otras palabras, una suerte de dependencia ‘ad hoc’ que define lo que se va a auditar y sobre todo, en qué orden de prioridad.
Para ese cargo, fue designada como Coordinadora a cargo del departamento de Planificación, la contadora Adriana Estela Villada, hermana del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, es decir el funcionario provincial que tiene a su cargo la Cartera Política del Gobierno.
Para no dejar dudas de la injerencia del Poder Ejecutivo, otro coordinador, el Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitrópulos, decidió desafectar a Adriana Villada de su cargo en la Sindicatura, para prestar servicios en la Auditoría General de la Provincia.
Nadie podría dudar que más allá de la dependencia política de los auditores, en su gran mayoría propuestos por el oficialismo, una coordinación en esos términos, implica un mayor control desde el Poder Ejecutivo sobre el trabajo de la Auditoría General de la Provincia, sobre todo hacia los municipios.
Esto, seguramente explica cómo y por qué la AGP actuó de un modo tan benévolo ante las severas denuncias por irregularidades en la gestión del actual ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, durante su paso por la intendencia, marcando un enorme contraste en torno a lo actuado por el mismo organismo ante la gestión de Gustavo Solís durante su gestión como intendente de Rosario de la Frontera, promoviendo acciones judiciales ante hechos similares.
En la Auditoría aparecieron nuevas sombras que echan por tierra la pretendida calidad institucional y esta es otra respuesta al porqué nadie o casi nadie puede apreciar los avances de la reforma constitucional promovida por el actual Gobierno provincial.