Las víctimas que denunciaron al sacerdote Emilio Lamas, por distintos casos de abuso sexual que cometió cuando era párroco de Rosario de Lerma, advierten que tras conocer que para la etapa de juicio venidera, el fiscal penal a cargo de la denuncia omitió citar para el debate a declarar como testigo al arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello.
En un comunicado señalaron:
«expresamos nuestra preocupación, porque entre otras medidas, y para muñirse del expediente canónico por el cual se condenó al sacerdote, se pretende permitir que el arzobispado solicite autorización a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en Roma».
«Consideramos que estas dos medidas son equivocadas a la luz del derecho vigente, y que de convalidarme por el tribunal de juicio menoscabarían nuestro derecho a la verdad y de acceder a una tutela judicial efectiva, consagrados en la constitución nacional. Es por eso que pedimos que se cite a declarar al arzobispo, y que en caso de que el arzobispado se niegue al requerimiento judicial de entregar el expediente, se allane la sede del arzobispado a los fines de secuestrarlo».
«Con respecto a incorporar por lectura el testimonio del arzobispo de Salta, consideramos que sería una violación al principio de inmediación, y violaría nuestro derecho constitucional para preguntar y repreguntar durante el debate, sobre un hecho donde el arzobispo respondió desde su residencia, sin que nuestro abogado ni ninguna de la partes estuviera presente. Además, resultaría darle un privilegio que –criticablemente- solo tienen funcionarios públicos y representantes de estados extranjeros».
«Con respecto a permitir que una institución de un Estado extranjero autorice o no el acceso al expediente en el que se juzgó nuestro caso, consideramos que sería un avasallamiento liso y llano de la soberanía de nuestro país para investigar y acceder a la información en manos de instituciones argentinas, ya que, el arzobispado de Salta, y todas las personas que trabajan allí, están bajo jurisdicción argentina, la que aun reconociendo su derecho canónico, no puede convalidar que se afecten derechos humanos consagrados en la constitución».