El cuestionable procedimiento y el abrupto cambio en la línea investigativa de los fiscales para esclarecer el caso que conmocionó a la provincia en los últimos días, eclipsó el papel de la fuerza policial. La necesidad de mostrar avances y celeridad en la justicia pusieron de manifiesto una clásica modalidad: encontrar culpables sin elementos contundentes.
Un espeso manto de dudas envolvió desde el principio la muerte del peluquero de 27 años. La primera versión que lanzó a rodar la Policía fue que Matías corría exaltado y desnudo por inmediaciones del Parque San Martín, se desvaneció y murió.
Luego, apareció un video que fisuró el escueto relato policial. “No me hagan nada, por favor”, se escucha en la filmación que el joven suplicó mientras se encontraba en el piso esposado y custodiado por varios efectivos, en la fría madrugada del martes 13 de julio.
El abogado de la familia del muchacho, Martín D’Andrea, aseguró que hay en el cuerpo la marca de un borcego y golpes en las muñecas. “(Matías) Ha tratado de luchar por su vida. Tiene dislocadas las dos muñecas. Las extremidades del cuerpo evidencian que uno de los policías lo ha pisado. Tiene la marca de un borcego”, declaró en el diario La Gaceta el letrado.
En un principio el caso llegó al despacho del fiscal Gustavo Torres Rubelt y extrañamente, sin explicaciones de por medio, fue sustituido por Ana Inés Salinas Odorisio y Leandro Flores. Apenas tuvieron en sus manos el expediente dieron un volantazo de 180º y tomaron como primera medida pedir la detención de los efectivos involucrados en el hecho y el inaudito e inesperado arresto de 4 operarios del SAMEC.
La extraña “celeridad” dejó entreveer el evidente objetivo del apresuramiento: mostrar en los medios la noticia de que había ocho detenidos, “tranquilizar” la conmoción generada en la sociedad y, por supuesto, aminorar el clamor de justicia de una familia sumida en el dolor.
Sin embargo, en la opinión pública no se despejaron las dudas sino todo lo contrario. Es que si bien estaba a la vista que había muerto en manos de la policía, la detención de operadores del SAMEC, y el consecuente giro en la hipótesis de la fiscalía, llamó poderosamente la atención de todos. Los nuevos fiscales pasaron de poner la lupa en el accionar policial, que por cierto ya carga con varias “muertes dudosas”, a enfatizar en la supuesta negligencia del SAMEC.
La ligereza para mandar a detener a 4 operarios rasos y la desmesura de dejarlos incomunicados fueron justificadas con la excusa de que podrían poner en peligro la investigación, aunque es conocido que los operadores no tienen ninguna facultad para manipular las grabaciones y los archivos que se encuentran bajo la responsabilidad de sus superiores.
“No había ningún elemento que hiciera presumir que los operarios del SAMEC pudieran entorpecer la investigación, ocultar pruebas, amedrentar a los testigos ni darse a la fuga”, afirmó el abogado defensor de uno de los operarios, Josué Díaz Cueto, a Opinorte.
La Unidad de Fiscales armada por el procurador Abel Cornejo para investigar las circunstancias en que se produjo el deceso del joven, actuó de manera imprudente con la clara premisa de mostrar avances.
La doble vara
La fugacidad del Ministerio Público Fiscal, no fue tal hace un año atrás cuando el fiscal Flores resolvió archivar una denuncia formulada contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien utilizó el avión del Estado provincial salteño (cuya función, además de política, es sanitaria) para fines personales, como viajar a ver partidos de River y, sobre todo, para su campaña presidencial.
En cambio, cuando los compañeros de los detenidos salieron a reclamar la libertad, los séquitos de Cornejo no vacilaron en iniciar una investigación alegando que los trabajadores podrían haber incurrido en una indebida utilización de «bienes del Estado», ya que en las protestas se vieron ambulancias del SAMEC.
No obstante, anteriormente exculparon a Urtubey al entender que su abuso del avión provincial no ameritaba ningún tipo de investigación. Es decir, cuando se trata de una persona con poder, se decide mandar a dormir los expedientes. Al revés, cuando se trata de un ciudadano de a pie el hilo siempre se corta por lo más fino.
Los que tuvieron cerca de 20 horas “secuestrados” al último eslabón en la jerarquía de responsabilidades, demostraron una vez más la doble vara de la justicia salteña. Los telefonistas, fueron puestos en libertad por la Jueza de Garantías, Claudia Puertas, pese a la insistencia del Ministerio Público Fiscal para que permanecieran tras las rejas. Mientras que los policías prestaron su declaración por escrito y solo uno de ellos quedó detenido.
El letrado, Díaz Cueto, consideró: “se podría haber hecho de otra forma y la detención no era necesaria”. Además, resaltó un dato para nada menor: el 911 fue quien pidió asistencia médica al SAMEC con código verde “lo que significa que es una persona que requiere asistencia médica pero no de manera urgente, es decir no está en riesgo su vida, no está inconsciente, no tiene problemas respiratorios”.
A partir de lo manifestado por el doctor Díaz Cueto, quien en base a su interpretación de los indicios y pruebas recolectadas en el marco de la investigación, no existen elementos para determinar la participación de los operarios del SAMEC.
Para Salinas Odorisio, la fiscal conocida por meter en prisión a un vendedor ambulante por el simple hecho de pasar por la zona en el caso de Jimena Salas, llamativamente no hay dudas de la responsabilidad compartida entre la policía y el SAMEC, pese al escaso tiempo que lleva a cargo la instrucción en el inquietante caso.
La conmoción, no solo se siente en la calle, sino también en los pasillos de Ciudad Judicial. Comentarios de todo tipo van y vienen. Uno que se expande como pólvora involucra a una pieza sensible de la orquesta dirigida por el ex juez federal. “Habría un hecho personal que condiciona la objetividad de una de las mentes a cargo de la investigación”, comentó una fuente judicial off the record.
Por M.A