Mediante un comunicado, desde el ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona aseguraron que el organismo eliminado este miércoles por el Gobierno nacional “contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”.
Este jueves, desde el Ministerio de Justicia de la Nación anunciaron que las funciones que cumplía el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuya eliminación se decidió este miércoles, continuarán ejerciéndose a través de esa cartera, la cual “cuenta con personal preparado para realizar eficazmente” esas labores.
“Respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación”, aseguraron desde el Ministerio de Justicia, señalando también que ya se elaboró “un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas”.
“Es una prioridad de este Ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo”, agrega el texto mientras que refiere al “personal idóneo” que “realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo”, señalando que será transferido al ministerio, donde trabajarán “con orden, seriedad e idoneidad”.
Se supo que la cartera de Justicia ya redujo el personal de 430 a 355, y los sueldos (pesos 202.499.352 en enero de 2024). Además, se pidió la renuncia a todos los delegados y se redujeron los gastos de alquiler (8.000.000 más gastos de alquiler por mes) “inútiles, concebidos con fines políticos, ajenos a la tarea del organismo, y rescindimos distintas contrataciones”, expresó el vocero presidencial Manuel Adorni.
Ante la prensa, anunció que el Gobierno nacional impulsará el “cierre definitivo” del INADI, organismo creado en 1995, como parte de la “reducción de la estructura estatal y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, según decidió Javier Milei.
Admitió que se trabaja en el “desmantelamiento de diferentes institutos” que, a criterio del Gobierno, “no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante”.
Según el Ministerio, “el INADI contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente” ya que “por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución”, de los cuales “en los últimos dos meses se resolvieron 2.000”.
Con información de Télam
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