A diferencia del caso salteño, en la provincia patagónica los bloques son provistos por Vialidad Provincial, un organismo que los fabrica desde 2007. Mientras que la Capital cordobesa elije colocarlos en plazas.
Si bien es cierto que en Salta es un factor común entre las obras públicas a lo largo y ancho de los 60 municipios, en Chubut y en Córdoba también utilizan los adoquines. En esas provincias no pareciera haber relación alguna entre el origen de los bloques de cemento y personalidades de la administración política gubernamental, como sucedería en suelo salteño.
En el caso de la provincia patagónica, el gobernador Mariano Arcioni habilitó calles “que fueron repavimentadas con adoquines que fueron abastecidos por la Administración de Vialidad Provincial”. Es, además, toda una novedad: un organismo estatal fabrica su propia materia prima.
La AVP chubutense proyectó la producción de 40 millones de adoquines durante 2021, lo que equivale a 1.000 cuadras asfaltadas con este pavimento. La fábrica fue creada en 2007, lo que ha permitido que el Estado en su totalidad participe activamente de la ejecución de la obra pública provincial.
Por su parte, la Municipalidad de Córdoba opto por colocar los adoquines en espacios verdes. Tal es el caso de la Plaza de Las Américas, donde han hecho varios senderos, combinando con superficies adaptadas para “asegurar la circulación de personas ciegas, cochecitos y sillas de ruedas”, explican.
La adaptación salteña, en cambio, incluiría una posible incompatibilidad con la función pública que replica en lo más alto de la esfera política del Gobierno. Es que, como ha dicho la diputada Cristina Fiore, un funcionario de primera línea “estaría vinculado a la venta de adoquines”.
Para Fiore no fue al azar la creación de “un Fondo Compensador Municipal de 1.300 millones de pesos” por parte del Gobierno; un mecanismo que, “oh casualidad” financia obras “en todos los municipios. Es impresionante la cantidad de adoquines que se están comprando”.
Dicho fondo compensador está a cargo de la secretaria del Interior cuyo titular es Javier Diez Villa. Y la secretaria depende de la Coordinación de Enlace y Relaciones Politices de la Gobernación, a cargo de Pablo Ismael Outes, el funcionario que tendría intereses en una empresa fabricante de adoquines.
A pesar de las coincidencias mencionadas por Fiore y de las acusaciones de tantas otras personalidades públicas, no hubo investigación alguna sobre la presunta relación entre la administración política de un programa que financia obras y la empresa que provee los adoquines para las mismas. Algo que resulta, para muchos, llamativo, pero que no ha hecho temblar ningún adoquín.