Cerca de la medianoche detuvieron al exintendente de Aguaray por disposición del Juzgado Federal de Orán. Horas antes, la oronda justicia provincial había anunciado que no hacía lugar al pedido de detención.
El destino y los expedientes confluyeron para que en un mismo día quede expuesta una realidad notoria que venimos advirtiendo hace semanas. En Salta, las causas contra la corrupción difícilmente avanzan.
En las crónicas quedará marcado que en la tarde del martes, un comunicado oficial del Poder Judicial daba cuenta del rechazo del Juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, al pedido del fiscal Armando Cazón sobre la detención del exintendente Enrique Prado, imputado por el delito de malversación de fondos públicos, una causa paralela a la que tiene en el fuero federal por el robo de caños del Gasoducto NEA.
El juez Aramayo consideró que, el pedido de detención “denota una actitud caprichosa” por parte del fiscal ya que al mismo tiempo, éste último coincidía con la necesidad de un arresto domiciliario. En tal sentido, tuvo en cuenta que Prado fijó domicilio en la audiencia de imputación por lo que puede entenderse una “inexistencia del peligro procesal de fuga”, con lo que también resulta contrario a las exigencias del proceso penal.
Si bien es cierto que las causas son paralelas, ambos delitos (robo agravado y malversación de fondos públicos) son graves. Además, se advierte una escena recurrente de fiscales pidiendo medidas restrictivas y jueces rechazándolas.
La detención
Cerca de la medianoche, se conoció la detención de Prado a partir de un pedido del fiscal federal Eduardo José Villalba y lo resuelto por el juez federal de Garantía de Oran, Gustavo Montoya, en el marco de la investigación penal que se lleva adelante por el robo de caños del Gasoducto NEA, la calificación es robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.
Cabe señalar que la fiscalía amplio el objeto de la investigación en contra del ex intendente de Aguaray; el ex secretario de Hacienda de ese municipio, Fredy Céspedes y el empresario mendocino Diego Alos.
En ese planteo, el fiscal fue contundente respecto a las pruebas reunidas en contra de los acusados, entre las cuales destacó la declaración de un imputado colaborador, informes de pericias y otras testimoniales.
El fiscal federal indicó que existen muchas probabilidades de que, llegado al fin del proceso, Prado reciba una pena de prisión efectiva, siendo está otra causal que llevo al juez a disponer la detención de Prado.
La intervención llegó sobre la hora
Es importante recordar que en la Cámara de Diputados, hubo dilaciones injustificadas por parte del oficialismo, para resolver un pedido de intervención presentado como proyecto de ley el 10 de marzo y votado recién a mediados de octubre.