Un sector del oficialismo viene empujando una investigación sobre el Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario. Un abogado de Tartagal denunciará la distribución de agua contaminada.
El diario de mayor tirada puso sobre la lupa lo que en Opinorte se viene diciendo hace tiempo: la escasez de agua se explica principalmente por la no realización de obras que fueron presupuestadas.
Las ediciones del domingo y de este lunes del matutino señalan que la problemática no sería tal si las obras de agua y saneamiento proyectadas en el Fondo de Reparación Histórica y del Plan Bicentenario se hubiesen terminado. Para ambos programas la provincia adquirió préstamos millonarios y en dólares y uno de ellos estuvo a cargo de Rodolfo Urtubey, hermano del entonces mandatario y luego senador nacional.
Gustavo Sáenz ya había planteado en los últimos días una postura menos condescendiente con su antecesor. “Más allá de que la crisis hídrica es la peor por falta de lluvias, está provocada por décadas de desinversión y obras de infraestructura que nunca se hicieron, pese a que se prometieron”, sostuvo el mandatario al referirse a la crisis hídrica en los departamentos San Martin, Orán y Rivadavia y pedir la intervención del Poder Judicial.
Por su parte, un exgerente de Aguas del Norte en Tartagal dijo que el Poder Ejecutivo recortó hasta un 50 por ciento el presupuesto que elevaban desde la prestataria del servicio de agua y que no se subió el terraplén para acumular y tener más agua en el dique Itiyuro, que junto con el embalse El Limón abastecen de agua a las localidades norteñas de Tartagal, Mosconi y Aguaray.
Se trata del ingeniero Astorga, quien señaló también que no se montaron los equipos para eliminación de las algas “y por eso hace más de 30 días se declaró que el agua que recibimos no es potable por la presencia de algas”. Astorga y el abogado Sergio Heredia denunciarían la distribución de agua contaminada en las ciudades norteñas puesto que es un delito contemplado en el Código Penal. “Sería bueno que los fiscales y los jueces tomen nota de la situación”, dijo Heredia en una entrevista con medios de Tartagal.
Hace unos días este medio publicó la nota “Aguas del Norte: una historia de privatización, saqueo y corrupción” para abordar lo sucedido con las iniciativas políticas en torno a la firma de mayoría estatal. Se comparte a continuación el texto mencionado.
1-Antes de ser privatizada durante el gobierno de J.C. Romero la Administración General de Aguas de Salta (AGAS) abastecía de agua potable y construía alcantarillas en 43 localidades. Sin embargo, cuando se vendió, la gestión privada cubrió solo el 62% de esta extensión; por lo que en decenas de municipios de escasísimos recursos la gestión del agua quedó como tarea para los jefes comunales, sometiéndolos de esta forma a la adopción de conductas adictas con el gobierno de turno, ya que se trataba de un elemento vital que sí o sí debía llegar a las comunidades.
En 2009 Aguas de Salta fue estatizada nuevamente y se descubrió, por así decirlo, que la firma había sufrido “un proceso de descapitalización fuerte”, que incluyó el robo masivo de equipamiento, bombas, electrobombas, capital destinado a cañerías. Sin embargo, el problema del robo del dinero del agua volvió a repetirse.
2-El exgobernador Juan Manuel Urtubey -y un séquito de funcionarios que incluso algunos siguen en el gobierno- solicitaron a organismos internacionales un crédito de 220 millones de dólares, que obtuvieron comprometiendo a futuro las regalías hidrocarburíferas de la provincia; el objetivo, dijeron, era desarrollar al menos 176 obras para sacar de la miseria a la población de los departamentos del norte, en un proceso que decidieron llamar de “Reparación Histórica”.
El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, fue el primero que comenzó a despegarse con fuerza de lo que será el próximo escándalo de corrupción de Salta: “Solo un 12 por ciento de las obras hídricas comprometidas en el Fondo de Reparación Histórica se hicieron. Esto habla que hay un 88 por ciento que ha quedado sin ningún tipo de justificación”, dijo tiempo atrás.
3-En 2020, el director entrante de la empresa que administra el servicio de agua potable para toda la provincia, Luis García Salado, reveló detalles sobre lo que dejaron directorios anteriores de lo que hoy es CoSaySa, en particular la gestión anterior, a cargo de Lucio Pino Paz Posse. “En Aguas del Norte, el balance de diciembre reveló que existe una deuda de 400 millones de pesos. Son deudas impositivas, a proveedores”, informó Luis Garcia Salado.
Deudas por más de $ 400 millones, desinversión total en todas las estructuras, falta de elementos de trabajo y planes de infraestructura, además, de dudosos gastos corporativos dejó Lucio Pino Paz Posse en su paso por la empresa que presta el servicio de agua. García Salado reveló detalles que resultan, cuanto menos, indignantes, tratándose de un servicio de primera necesidad.
En ese sentido, el director del organismo confesó que no hay herramientas para trabajar: “Hay una desinversión total, no hay retroexcavadoras, camiones para extraer las bombas de los distintos lugares, los vehículos y camionetas totalmente destrozados y parados, lo que obliga a contratar esos servicios por aparte”.
4-En la última semana de diciembre, el Concejo Deliberante salteño aprobó un proyecto de resolución que exhorta a la empresa prestadora del servicio de agua potable, Cosaysa SA, operadora de Aguas del Norte, a que «garantice la correcta provisión del servicio y del suministro a todo el ejido municipal». Si bien el pedido apuntaba a los sectores hoteleros y gastronómicos, el pedido se hace extensivo para el resto de la salteñidad mortal común y corriente.
En la norma también se pidió que el Ejecutivo municipal declare la emergencia hídrica. Las críticas a la empresa fueron varias. Entre ellas, el concejal Alberto Salim recriminó: “Este año se creó una Mesa del Agua, en este mismo recinto se discutió el tema y los funcionarios de Aguas del Norte reconocieron el problema y propusieron las obras solicitadas correspondientes, pero las soluciones no llegan, los presupuestos no sé si estarán para el próximo año, pero creo el Gobierno Provincial debe tomar una decisión definitiva, lo que yo plantee en la Mesa del Agua es que Aguas del Norte vuelva a la provincia”.
En tanto que la edil Emilia Orozco, autora del proyecto antes mencionado, manifestó su preocupación por la falta de inversión en infraestructura hídrica y recordó que el propio comité de Aguas del Norte les dijo que existe una pérdida del 50% de la red de agua potable por el mal estado de las cañerías en la ciudad. «Son ellos los que están perdiendo el suministro de agua», cuestionó la concejala, quien también se preguntó cómo es posible tal situación si desde la empresa manejan un alto caudal de dinero.
Mientras que su par Paula Benavides sostuvo que existe una «falta de inversión de muchos años y gobiernos que han pasado», por lo que pidió que no se acentúe únicamente en la situación del sector hotelero y gastronómico. «Me gustaría ver la misma solidaridad del Ejecutivo municipal con todos los barrios» de la capital, cuestionó.
5-La precaria prestación del servicio de agua de la gestión errática no guarda relación alguna con el abultado presupuesto que destina la Provincia a la compañía a su cargo: en el Presupuesto 2023- que obtuvo media sanción en Diputados- se prevé transferir 1.200 millones de pesos. En el tratamiento del proyecto la diputada opositora Cristina Fiore se preguntó por qué la Provincia tiene que seguir transfiriendo recursos a una empresa “que es verdaderamente desastrosa en la prestación de los servicios”.
Fiore ya había protagonizado un cruce en redes sociales con García Salado, de quien considera lleva adelante la gestión “más ineficiente”. Las críticas a la prestación del servicio también llegaron desde el norte provincial. Fue el diputado por San Martin, Jorge Restom, quien sostuvo que en su localidad siguen “sufriendo” la escasez del agua que, ahora, “sigue siendo de color verde”.
“La gente vive hoy como en 1810 esperando que llegue el aguatero”, sugirió.
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