El femicidio de una adolescente en Córdoba vuelve a poner en discusión algo que no debería discutirse: la necesidad de sostener políticas de género de manera continua y con recursos.
Ningún gobierno debería abandonar la agenda de género. No por corrección política ni por alineamientos ideológicos, sino por una razón mucho más concreta y urgente: porque cuando el Estado se corre, las violencias se profundizan. El reciente femicidio de Agostina, una joven cordobesa de apenas 14 años, es un recordatorio doloroso de esa realidad que insiste en repetirse.
Hablar de agenda de género es hablar de desigualdades estructurales. Las mujeres y diversidades no solo enfrentan brechas económicas y laborales, sino también situaciones de violencia que no son excepcionales ni aisladas. Son parte de un entramado social que requiere políticas públicas sostenidas, prevención, acompañamiento y presencia estatal. Cuando esas herramientas se debilitan, lo que queda es la intemperie.
La violencia de género no irrumpe de un día para el otro. Se construye en silencios, en señales desoídas, en contextos donde faltan dispositivos de contención y respuestas a tiempo. Por eso, las políticas de género no pueden depender del clima político ni de prioridades coyunturales: necesitan continuidad, presupuesto y decisión.
En Salta, distintas decisiones recientes encendieron alertas en ese sentido. El intento de quitarle autarquía al Observatorio de Violencia contra las Mujeres y la posibilidad de que sus integrantes trabajen ad honorem plantean interrogantes sobre el lugar que ocupan estas problemáticas en la agenda oficial. A eso se suma un cambio de perfil en el área de Mujer y Diversidades, tras meses de acefalía, que marca un viraje respecto de etapas anteriores.
No se trata de internas políticas, si no de la capacidad del Estado para prevenir, asistir y proteger. Cuando esas capacidades se reducen o se desdibujan, el mensaje que queda es ambiguo. Y en temas como la violencia de género, la ambigüedad también tiene consecuencias.
La agenda de género no es una agenda sectorial. Atraviesa la salud, la educación, la justicia y la seguridad. Es la forma de garantizar derechos básicos y de construir una sociedad más igualitaria. Sostenerla como política de Estado no es una opción: es una responsabilidad que el Gobierno debe entender para dejar de retroceder en la materia y garantizar los derechos conquistados.