Ante las denuncias realizadas días atrás en Bolivia, sobre un nuevo derrame en el afluente que llega hasta Argentina, desde la empresa anunciaron en un comunicado que lo que se hizo fue una “prueba hidráulica”.
El fin de semana pasado, la prensa boliviana reportaba un derrame de hidrocarburos por la rotura de un ducto proveniente desde el campo Los Suris, localidad ubicada 20 kilómetros al sur de Villa Montes (Bolivia) y a más de 100 kilómetros de la frontera natural con Argentina y Paraguay.
«Hemos visto algunos charcos de hidrocarburos y cuando llega agua se filtran por la arena. El viernes seguramente había más y con el calor se secaron y dispersaron por el río», comentó a diario El Deber el representante de la Asociación de Pescadores del Pueblo Weenhayek, Francisco Nazario.
«El río está sufriendo, primero por la minería y ahora por hidrocarburos, pareciera que lo quieren exterminar, cuando en esta parte baja no solo existen humanos, sino también fauna, como hemos visto algunos pajaritos (aves) que beben agua del río», comentó en relación al derrame en una mina potosina que terminó contaminando las aguas del mismo afluente y perjudicó a las comunidades que viven del mismo.
En respuesta a lo sucedido, y luego de que la noticia se viralizara, desde la empresa Shell Bolivia Corporation (SBC), emitieron un comunicado señalando que lo ocurrido fue consecuencia de las actividades de abandono programadas, una vez concluido el contrato de operaciones de la Planta de Gas La Vertiente, ubicada en Villa Montes, en el departamento Tarija. La empresa declaró que realizó «pruebas hidráulicas en las líneas de flujo que cruzan el río Pilcomayo para proceder a su abandono de manera adecuada y definitiva».
La firma indicó que el 19 de agosto, en coordinación con «YPFB realizó dichas pruebas en una línea de recolección de gas que cruza el Río Pilcomayo y que se encuentra fuera de operación desde el año 2019». Explicó que el objetivo «era realizar una prueba hidráulica con trazador (colorante biodegradable de fácil identificación visual), en una línea de recolección de 8 pulgadas para lograr así el abandono definitivo de la misma en los próximos meses. Como la línea se encontraba sin uso hace tres años, no genera ningún tipo de riesgo medioambiental».
La empresa añadió que antes de estos trabajos se comunicó a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Weenhayek y las concesiones pesqueras de la zona, que «dieron su autorización para proceder e, incluso, participaron de la prueba con sus respectivos monitores socio-ambientales». Sin embargo, el Pueblo Weenhayek desmintió esta afirmación. «Me consta que ellos no han mencionado nada, ni comunicado nada, hasta que la gente reaccionó. Tal vez lo dijeron a algunas personas pero no a la Nación», dijo a Salta/12 el capitán grande de la Nación Weenhayek en Bolivia, Pablo Rivero.
En total son 180 comunidades que conforman esta Nación y que las consultas deberían haberse dirigidas a las autoridades reconocidas, y convocar así a una audiencia pública para poner en conocimiento los trabajos a realizar. Esta versión contrarresta la de Pablo Pérez Saqueo, quien en otros medios dijo ser el capitán grande de esta misma Nación y haber autorizado, junto a algunas comunidades afectadas por el emprendimiento, que la empresa realice los estudios.