La Super Intendencia de Salud insta a las obras sociales a no cortar las prestaciones; mientras profesionales de la salud, transportistas, familias y personas perjudicadas se movilizaron para que intercedan las autoridades provinciales y frenen con la angustiante situación. Estiman que el recorte impactará al punto de una baja de más de 10.000 millones de pesos sobre las transferencias inicialmente previstas.
En las pasadas horas el coordinador de la Sede Regional Salta de la Superintendencia de Servicios de Salud, Alberto Escribas se refirió al reclamo del Colectivo de Discapacidad de Salta, integrado por profesionales, transportistas y familiares de personas con discapacidad que apunta primero a la demora en los pagos y al recorte presupuestario que se hizo recientemente al área luego de conocerse el DNU que hizo factible el ajuste ordenado por el ministro de Economía de la Nación Sergio Massa.
“Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos no giraron los fondos y eso cortó la cadena de pagos”, indicó en entrevista con Radio Aries. Además acotó: “Las obras sociales y prepagas cobran a plazo vencido de 60, 90 o 120 días. La Superintendencia no es un órgano recaudador, sino redistribuidor”. Luego instó a las prestadoras a “no cortar la atención a los beneficiarios, en particular a discapacitados, ya que después podrán pedir el reintegro”.
En tanto una manifestación contra el recorte de Massa tuvo lugar en la ciudad de Salta. Durante la mañana de este martes 30 de agosto, el Colectivo de Discapacidad, se movilizó primero hacia la Legislatura y luego a la Superintendencia de Salud. Ahí expresaron el pedido para que se interceda ante Nación y reviertan lo que está sucediendo. Destacaron que ya se informó a los gremios que girarán a las prestadoras sindicales sólo $1.500 millones hasta fin de año, lo que implica una baja de más de $10.000 millones sobre las transferencias inicialmente previstas.
«Necesitamos que alguien del Gobierno provincial salga y nos escuche. Esta es una decisión del Gobierno nacional, pero necesitamos el acompañamiento de la Gobernación porque corre peligro el sistema completo», dijo el presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad Salta (ATRADIS). Pero la medida no solo perjudica a los trabajadores de transporte, sino también a centros, hogares e instituciones educativas para personas con discapacidad. Están en riesgo los honorarios de maestros integradores, prestaciones de apoyo, psicopedagogos, clínicos, kinesiólogos y psicólogos.
«La gente pasó pidiendo una respuesta a la falta de pago y yo los atendí y respondí que la Superintendencia regula el pago a las obras sociales y a las prepagas. Nosotros no atendemos el pago a los prestadores de salud ni a los profesionales», dijo Escribas a El Tribuno.
«Lo que hace la Superintendencia es distribuir el dinero que llega desde Nación, es una cuestión técnica y no podemos definir cuánto ni a dónde se gira. Sabemos que estamos hablando de un sector sensible, pero excede a nuestro poder de acción. Sabemos que el DNU se lanzó ante una realidad en donde se distribuía dinero de manera arbitraria, pero vuelvo a repetir, y es lo que le dije a la gente que vino a reclamar, es que no podemos hacer nada», concluyó el funcionario.