Así fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Juan Martín Ozores fue designado al frente del organismo y el objetivo sería “afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”.
El Gobierno encabezado por Javier Milei oficializó hoy la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea a Juan Martín Ozores.
La medida ya había sido adelantada el fin de semana y fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24. Según señalaron, la intervención fue adoptada “en consonancia con los lineamientos” del DNU 70/23, dictado por la actual administración “para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”.
El documento argumenta que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”. Afirman que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.
“En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Además de Ozores, el Ejecutivo designó a Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra- interventor del organismo de telecomunicaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri- como interventores adjuntos.
Las personas designadas tendrán que “evaluar e informar sobre la situación actual” del Enacom “en referencia al cumplimiento de sus competencias”. “Deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello”, señala el documento.
Asimismo, “deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia” del Ente, además de realizar “un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa”, “procurando fomentar su profesionalización y eficiencia”.
“En pos de esa eficiencia, dicha reorganización funcional deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos” del Ente, “así como la reducción de trámites excesivos”, remarca el texto.
Programas
El texto señala que “deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables”.
Se dispone también que “las tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros deberán ser puestas al día, proponiéndose mecanismos informáticos tendientes a agilizar dichos trámites”.
Finalmente, se indica que “corresponderá efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización”.
Con información de Télam
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