La Secretaría de Energía desarrolla un nuevo concepto que dejará atrás la segmentación de tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red. Se avanzaría hacia un esquema diferenciado por zonas bioclimáticas.
El Gobierno nacional definió la secuencia y los parámetros que aplicará para una canasta básica energética indispensable, diferenciada por zonas bioclimáticas. A partir de la misma establecerá un nuevo esquema de subsidios de acuerdo con la situación de cada grupo conviviente.
La Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, desarrolla un nuevo concepto que dejará atrás la segmentación de tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, implementada en el último tramo de la administración anterior, a partir del decreto 322 de 2022.
Asimismo, se analiza si la canasta energética a determinarse de acuerdo con las distintas zonas del país significará la derogación de la ley 27.637 que dispuso la ampliación del régimen de zona fría, vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. El mismo reconoce hasta un 50% de los cuadros tarifarios para el gas en redes o en garrafas.
Está bajo cuestionamiento también la continuidad del beneficio que reciben los usuarios más vulnerables de gas natural, aquellos que no tienen acceso a redes y usan garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), contemplados en el Programa Hogar, un subsidio directo que se paga a través de la Anses. Para la nueva administración, los resultados de la segmentación de tarifas se mantienen lejos del criterio adecuado de auxiliar a los que realmente lo necesitan.
A partir de este escenario, la Secretaría de Energía inició un proceso de enfocar los subsidios a partir de establecer una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática. La propuesta oficial prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y un porcentaje de ese ingreso usualmente aplicado a pagar la factura de energía.
A partir de ese primer paso se establecerán los alcances de la canasta energética básica indispensable que se determinará según la región del país y la conformación del grupo conviviente. Consecuentemente se podrá contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando el Estado la diferencia en aquellas situaciones de vulnerabilidad.
El subsidio que otorgará el Estado será el diferencial cuando el precio de la canasta básica energética supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente y no del titular del servicio como hasta hoy.
Para el actual Gobierno, los usuarios de ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3) siguieron recibiendo subsidios generalizados porque los precios fijados en los mercados mayoristas no cubrían el total de costos. También se advierte la superposición de estos subsidios con los beneficiarios de planes sociales, la mayoría de los cuales -por definición- fueron categorizados como Nivel 2.
Además, cuestiona la falta de control en el padrón de usuarios del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (Renut) e “incoherencias” o “discrepancias” con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS).
Para la implementación en el corto y mediano plazo del nuevo esquema se requerirá de una secuencia que consiste en el cálculo de consumos esenciales, según grupo conviviente y región del país que habita. Se correlacionarían los ingresos con los consumos para clasificar a los usuarios según nivel de consumo al decil de pertenencia en primera instancia para luego depurar la base de datos. Otra meta de la cartera energética es realizar un cálculo de facturas medias y un cálculo de subsidios totales.
Con información de Télam
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