El senador provincial por Iruya, Walter Cruz, cuestionó el desalojo realizado en la comunidad de Las Pailas, en Cachi, y advirtió que la derogación de la Ley 26.160 por parte del Gobierno nacional puede profundizar los conflictos territoriales que enfrentan las comunidades indígenas en todo el país.
Durante una entrevista en Infinito FM, el legislador sostuvo que sigue de cerca la situación y reconoció que los acontecimientos ocurridos durante el operativo le generan una profunda preocupación.
«Yo soy indígena y tengo una visión clara y un posicionamiento muy claro en esta situación. A nosotros nos dolía mucho cuando ya hace diez años teníamos este problema y no se supo o no se quiso resolver», afirmó.
Cruz consideró que el conflicto actual era previsible y vinculó lo ocurrido con la eliminación de herramientas legales que protegían a las comunidades.
«Con la decisión del Gobierno nacional de derogar la Ley 26.160 y sus prórrogas, estas consecuencias iban a llegar. No solamente en Las Pailas, sino en muchas partes de la provincia y del país. Era una situación que teníamos prevista», sostuvo.
El senador también hizo referencia a las denuncias realizadas por la defensa de la comunidad y señaló que, de acuerdo con la información que pudo conocer hasta el momento, existen aspectos del procedimiento que merecen una revisión profunda.
«Si tomamos lo que planteó la abogada de la comunidad, claramente estamos frente a una situación muy grave. Ahora también habrá que escuchar la otra parte y entender por qué se tomó esa decisión», indicó.
Respecto del accionar judicial, evitó adelantar una posición institucional sobre un eventual pedido de jury contra la jueza que intervino en la causa, aunque admitió que se encuentra analizando toda la documentación disponible.
«Estamos recabando información, trabajando con asesores y evaluando todo lo ocurrido. Hay una decisión que está perjudicando muchísimo a muchos hermanos y eso no puede pasarse por alto», señaló.
Uno de los puntos que más llamó la atención del legislador fue el despliegue policial utilizado durante el operativo.
«Esa fue una fuerza absolutamente desproporcionada. Tengo entendido que participaron alrededor de 600 efectivos. Hay que preguntarse quién pidió semejante despliegue y por qué se consideró necesario», cuestionó.
En ese sentido, recordó que la Policía actúa como auxiliar de la Justicia, aunque advirtió que corresponde analizar si las órdenes impartidas se ajustaban plenamente al derecho.
«La Policía cumplió una orden. Ahora hay que determinar si esa orden estaba bien dada, si se ajustaba a derecho y si todo el procedimiento fue correcto», afirmó.
Consultado sobre la relación entre el Gobierno provincial y los pueblos originarios después de casi siete años de gestión de Gustavo Sáenz, Cruz sostuvo que aún quedan muchas deudas pendientes, aunque rechazó la idea de que exista una política sistemática de desconocimiento de derechos.
«Falta muchísimo, eso es indudable. Pero no veo una política de negación de los derechos indígenas como sí ocurre claramente a nivel nacional», manifestó.
El senador destacó iniciativas impulsadas desde distintos organismos provinciales, entre ellas proyectos vinculados al reconocimiento de nuevas naciones originarias y programas educativos orientados a fortalecer la identidad de los pueblos indígenas.
«Hay cosas que van encaminadas, aunque falta mucho por hacer. Hay que seguir avanzando y tener voluntad política para hacerlo», afirmó.
Durante la entrevista también se refirió al desarrollo minero en la provincia y sostuvo que el principal desafío sigue siendo garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades cercanas a los emprendimientos.
«La mano de obra primaria tiene que ser de la provincia y especialmente de las zonas donde están los proyectos. Tenemos comunidades con mucha vulnerabilidad y es ahí donde primero deberían generarse las oportunidades», remarcó.
Cruz reconoció que todavía existen dudas sobre el verdadero impacto económico de la actividad.
«Todos esperamos que la minería genere desarrollo y empleo. Lo que necesitamos es información clara y resultados concretos para las comunidades que viven donde se realizan las explotaciones», concluyó.