Esta semana, la jueza Zunino deberá resolver el pedido de sobreseimiento que realizó Mario Luis Castelli, imputado por la muerte de Lucas Salberría en noviembre de 2016. La familia pelea no sólo por el avance de la causa y su elevación a juicio sino también para que se amplié la acusación al ministro, por ahora inimputable.
Franco Hessling
Lucas Sebastián Salbarría era un joven de 27 años que participó de una exploración minera contratado por la firma Cardero Argentina S.A., en la que sufrió reacciones a la altura y las condiciones climáticas, recibió atención escasa -y no de carácter profesional- y terminó falleciendo. Ocurrió en noviembre de 2016. En septiembre del año pasado, el fiscal penal Pablo Paz solicitó la imputación de Jhon Huaman Canchaguía, que fungía como coordinador del trabajo de campo; desde febrero último también está imputado uno de los directores de la compañía minera, mientras que otro, Marcelo López Arias, curiosamente no fue puesto en la misma condición.
El pedido de sobreseimiento está en manos de la magistrada Ada Zunino y deja al desnudo una evidente situación de encubrimiento, ya que pese a la presión de la familia, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos ni siquiera fue nombrado por los fiscales que solicitaron la imputación de Castelli, el socio de López Arias en el directorio de Cardero.
Esta semana, quizá hoy mismo, Zunino deberá resolver si sobresee a Castelli, pedido que hizo su defensa técnica. La presión para que resolviera expeditivamente se acrecentó cuando la publicación de un artículo en un semanario local alertó sobre el olvido que viene teniendo la Justicia: encuentra como posible co-responsable por la muerte de Salbarría a la empresa y tiene imputado a uno de sus directores pero no al otro, al actual ministro y ex legislador nacional y otrora encargado de las relaciones internacionales de la Provincia.
Presionada por ese contexto, Zunino podría resolver el sobreseimiento del socio de López Árias, Castelli, y así derrumbar el manto de impunidad que evidencia la causa. También podría darse el efecto contrario, que la magistrada ratifique la imputación original y haga extensiva la situación al titular de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
No sería la primera vez que alguien de la alcurnia del ministro se vea envuelto en muertes y luego fuera someramente abordado por la Justicia. En esa situación estuvo su hijo, Francisco López Sastre, cuando se investigó el crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moummi, quienes habrían llegado a la provincia invitadas por él; además, el último mensaje de celular que recibieron fue de un número telefónico con característica de Buenos Aires que pertenecía al Ministerio de Ambiente de la Provincia, cartera que titularizaba el hijo de López Arias. Esa pista no se investigó durante la instrucción del ahora camarista Martín Pérez, quien ni siquiera solicitó que se develará qué contenido tenía aquel último mensaje, horas previas al postrimero registro con vida que se tiene de las muchachas.
Voz de madre
“Fui a su juzgado (al Juzgado de Garantías 1 de Ada Zunino) hace dos semanas, pedí hablar con ella y en el mostrador me dijeron que la jueza estaba muy ocupada, que no podía recibirme, que esté atenta a las notificaciones que reciba y que me presente luego de eso con mi abogado”, le dijo a Punto Uno la mamá de Lucas, Norma.
Comentó que “teóricamente, según me explicó el abogado, esta semana el juzgado tiene que resolver si sobresee a Castelli. Si lo sobreseen, la causa queda prácticamente en nada porque quedaría como único imputado el coordinador de la exploración, el geólogo peruano, como si la empresa no tuviera nada que ver”.
Detalló que Huamán Canchaguía, el geólogo peruano que estaba comandando la exploración y fue imputado por “homicidio culposo” en septiembre, tiene el mismo rango que Castelli y López Árias en Cardero Perú S.A. Ambas compañías se encuentran en el enorme conglomerado de empresas mineras de Centenera Mining Corporation, radicada en Vancouver, Canadá.
De febrero a esta parte, cuando López Arias no fue imputado pese a la imputación contra su socio en la firma hallada co-responsable del deceso de Lucas Sebastián, el ministro se encuentra en una situación franca de impunidad. En cuanto a esto, Norma expresó: “Lamentablemente es un peso pesado, nosotros lo único que queremos es tener Justicia”.
“La empresa es igual de responsable que el geólogo peruano que encabezaba la excursión”, acertó Norma, que tiene otro hijo que se dedicará a la misma profesión y resalta el interés de su familia en que la pérdida que sufrieron tenga impacto social: que vuelvan más rigurosas las condiciones y controles a las empresas que explotan la naturaleza provincial.
Desdén empresarial
La relación de Cardero Argentina S.A., que tuvo entre sus directores al ministro López Arias, con la UNSa (Universidad Nacional de Salta) empezó a través de una docente, que fue contratada para realizar mapeos geológicos en los Valles Calchaquíes. Luego de ello, le ofrecieron trabajar en exploraciones mineras concretas, rechazó la propuesta porque la encontraba escasa y sugirió a cambio que esas faenas las hicieran estudiantes avanzados. Contactaron a una estudiante que estaba a poco de convertirse en profesional, quien a su vez convocó a Lucas Sebastián, tesista de Geología.
El contrato que recibió Salberría ascendía a 15 mil pesos por ir a realizar la toma de muestras y realizar su posterior análisis. El proceso en campo tomaría al menos veinte días, aunque “él me dijo que tal vez se demoraban un poco más y volvían los primeros días de diciembre”.
Cuando el padre del joven llegó a Cachi, anoticiado ya de su fenecimiento, se enfrentó a una situación desopilante para una compañía internacional que usufructúa recursos naturales locales extrayendo utilidades mega millonarias: “En la Comisaría no sabían que había subido una exploración minera, punto básico en cualquier protocolo de seguridad de un trabajo de campo en las montañas”.
Ministro inversor
Las resoluciones de directorio de la firma Cardero Argentina S.A. hacen constar que al menos desde agosto de 2016, los directores titulares de la compañía eran Castelli y López Arias, a quien el “imparcial” Boletín Oficial de la Provincia mencionaba sólo con su segundo nombre: Eduardo (Eduardo López Arias DNI 8.177.207).
El fiscal Paz basó su imputación sólo se basó en el contrato firmado entre Cardero Argentina S.A. y Lucas Sebastián Salberría, donde la rúbrica como representante de la minera la pone Castelli. En el contrato se presentó la empleación de Salberría como un “convenio de asistencia y colaboración en formación para estudiantes universitarios”. Al salario de 15 mil pesos se lo encriptó como “incentivo económico”.
Cardero Argentina S.A. no es el único emprendimiento minero que reúne como socios a Castelli y López Arias. Más cerca en el tiempo, en junio del año pasado, constituyeron en Salta la compañía Wealth Minerals, otra firma de capitales canadienses, en la que invirtieron como capital inicial en acciones 800 mil pesos (760 mil Castelli y 40 mil López Arias).
Solidaridad entre oprimidos
“Queremos que no vuelvan a pasar estas cosas, que estas empresas nos respeten, que respeten a los lugareños, como a los diaguitas, a quienes se les meten en sus tierras y saquean sus recursos de subsistencia”, señala Norma.
Esta tarde, desde las 14, en el salón Auditorium de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, donde cursó sus estudios y se iba a egresar Lucas Sebastián, se realizará la jornada “Derechos campesinos e indígenas”. Participará la nación diaguita, quienes invitaron a la madre y al padre del joven fallecido a que cuenten su situación ante los presentes.
Los diaguitas han tomado participación en el asunto de los Salberría y éstos a su vez recogen las demandas históricas de los primeros, ya que asumieron que son víctimas de un mismo opresor: la impunidad del poder y la desmesura de las empresas megamineras.