Criticaron a la AFIP y a los municipios por recurrir a más tributos para cubrir gastos.Especialistas dijeron que bajar la presión tributaria no se dará en el corto plazo.
Empresarios de Capital, Orán, Tartagal, Gemes, El Carril y otras localidades hicieron un enérgico reclamo por la fuerte presión fiscal que les quita cada vez más márgenes para subsistir, lograr competitividad y rentabilidad. El reclamo no es nuevo, pero les preocupa que no haya cambios que les permitan descomprimir las cargas nacionales, provinciales y municipales. Ayer, en una reunión que tuvieron con el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, Guillermo Dietrich, demostraron malestar por las actividades ilegales que se desarrollan en la provincia.
Los pronósticos son más bien difusos que claros. El economista Nadin Argañaraz dijo que la presión tributaria que hoy está en 33 por ciento del PBI podrá bajar cinco puntos en 13 años. «Es tan grande el peso del gasto público y el déficit fiscal que es todo complicado, aun si el Gobierno nacional hace un esfuerzo significativo». Para esa meta, la Casa Rosada deberá reducir el gasto y tenerlo cerca de la línea de una inflación descendente y que la economía logre un crecimiento sostenido del 4 por ciento anual, agregó el especialista, quien disertó en el Centro de Convenciones de Limache en el marco de la Séptima Jornada Empresarial denominada «Segundo semestre – Política, Economía y Reforma Tributaria». También estuvieron el economista Dante Sica y el analista político Rosendo Fraga.
Tal fue el descontento que le transmitieron los empresarios salteños a Dietrich que en la apertura del acto, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio le pidió enfáticamente al gobernador Juan Manuel Urtubey que trabaje junto al presidente Mauricio Macri «para aniquilar la ilegalidad».
A nivel provincial, las críticas en general apuntaron al impuesto a los ingresos brutos. Ese tributo, por cierto, estará en discusión en la reforma tributaria que planea llevar adelante la Casa Rosada. Se trata de la principal fuente de ingresos de la provincia, pero tiene una impronta distorsiva, ya que está en toda la cadena y el consumidor no lo percibe.
Jorge Banchik, titular de la Cámara de la Construcción filial Salta, dijo que el Gobierno provincial implementó al sector ingresos brutos en 2013 por un reclamo salarial de los policías, pero con la intención de que sea temporario. No obstante, sostuvo que aún sigue vigente.
Desde el sector inmobiliario, Juan Biella expresó que es tiempo de que «el comprador acceda al sueño de la casa propia sin que el Estado se le prenda del cuello», en referencia a las cargas que hay en los créditos hipotecarios. El empresario dijo que se debe reducir el impuesto al Sello para convenios como los alquileres. «Esto para que el inquilino tenga menores costos», acotó.
En cuanto a los tributos municipales, hubo quejas por la dimensión de la denominada Tasa por Inspección de Salubridad e Higiene. Ricardo Merlo, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicios, denunció que en los municipios cada vez que hay necesidad de contar con fondos, se decide tocar una alícuota.
Críticas a la AFIP
Fernando de San Román, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Metán, cuestionó a la AFIP. «Recaudar impuestos no significa usar armas que agredan a la producción», manifestó. Alertó que el organismo está trabando embargos a las pymes, que las dejan en jaque.
Si bien el año pasado se sancionó la ley Pyme, empresarios del sector panadero aseguran que no acceden a los beneficios y ponen sobre la mesa los costosos trámites que se necesitan para estar en condiciones de ingresar al registro.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Rubén Barrios, remarcó en la apertura del encuentro que hay una crisis. No solo se refirió a un costado económico, sino que incluyó a «los valores y la honestidad». «Debemos tener una Argentina unida después de las elecciones», señaló.
Sonia Díaz, represente de la Cámara de Comercio de El Carril, también habló de la «crisis de los comercios». Lamentó que los esfuerzos se los lleven el pago de impuestos y los tarifazos de luz y gas.
El problema del gasto público
El fuerte gasto público, que se financia en gran parte con la recaudación tributaria, fue analizado desde distintos puntos de vista, como el empleo. El economista Nadin Argañaraz precisó ayer que en Salta en 2003 había 34 agentes estatales por cada mil habitantes y en 2015 se contabilizaron 53 por cada mil. Agregó que en el país en los últimos años el empleo público se expandió un 60 por ciento, muy por encima del crecimiento poblacional.
A nivel país, mostró que el gasto publicó creció un 80 por ciento entre 2002 y 2015.
En cuanto a la presión tributaria dijo que tiene los niveles de los países del primer mundo como Noruega y Dinamarca, no obstante los servicios que reciben los contribuyentes no son del mismo nivel.
El especialista dijo que el crecimiento de la carga fiscal de debió a los impuestos a los ingresos brutos que perciben las provincias, al IVA y a Ganancias, ya que el piso no se movió acorde a la inflación.
En la estructura impositiva, las cargas provinciales y municipales pasaron de representar del 52 por ciento en 2005 al 62 por ciento en 2016. Mencionó como disparadores ingresos brutos, la tasa de higiene comunal y sellos.
En el encuentro se hizo hincapié en que los consumidores no suelen medir el peso de los impuestos en el precio final de un producto. En el caso de una gaseosa, representa el 50 por ciento.
Fuente: Pablo juárez El Tribuno