La abogada Verónica Huber reavivó las denuncias por violación de derechos indígenas en Salta, tras el desalojo que dejó a decenas de familias sin hogar.
El desalojo en la zona de Las Pailas, en Cachi, sigue sumando cuestionamientos. Esta vez fue la abogada Verónica Huber quien salió a marcar con claridad lo que, según sostiene, no fue un procedimiento más: “Fue una violación de derechos constitucionales”, lanzó, sin matices.
En diálogo con FM Infinito, Huber explicó que el operativo no solo avanzó sobre las familias alcanzadas por la orden judicial, sino que terminó afectando a un número mayor de personas. “Estamos hablando de más de 60 personas que quedaron en situación de calle. Eso ya de por sí es gravísimo”, señaló.
Para la letrada, el punto central está en cómo se ejecutó la medida. “No se respetaron garantías mínimas. Hay normativa nacional e internacional que protege a las comunidades originarias y eso fue ignorado”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el derecho a la vivienda y el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas no pueden quedar subordinados a un trámite judicial.
Huber también puso el foco en el trasfondo del conflicto: “Estos casos no son nuevos. Hay una disputa estructural por la tierra y el Estado suele aparecer únicamente para desalojar, no para resolver”. Y agregó: “Cuando interviene, lo hace con una lógica punitiva, no de diálogo”.
Consultada sobre el accionar concreto durante el operativo, fue directa: “Se avanzó de una manera desproporcionada. No se puede ejecutar una orden sin contemplar el impacto humano que genera. Acá hay familias, hay chicos”.
La abogada insistió en que lo ocurrido en Cachi no puede leerse como un hecho aislado. “Esto forma parte de un patrón. Se repite: comunidades que reclaman derechos reconocidos y respuestas que terminan siendo desalojos”, planteó.
Por último, indicó que “lo más preocupante es que se naturalice. Que parezca normal que más de 60 personas queden en la calle en un procedimiento que, en teoría, debería ajustarse a derecho”.