El Centro Comunitario ALFA repudió el decreto del Gobierno nacional que consolida un sistema de inteligencia encubierto y sin controles.
Mientras el Gobierno nacional repite como mantra la palabra “libertad”, el presidente Javier Milei avanza por decreto en la construcción de un Estado que espía, vigila y castiga. El DNU 941 no es una norma administrativa más: es una decisión política de enorme gravedad institucional que amplía el poder de la SIDE, debilita garantías constitucionales y habilita prácticas que la Argentina creía saldadas después de décadas de vida democrática. En Salta, el rechazo fue categórico y no casual: cuando el Estado se corre de la ley, las provincias suelen ser el primer laboratorio del abuso.
El decreto, firmado sin debate parlamentario y sin urgencia real que lo justifique, modifica aspectos centrales del sistema de inteligencia nacional. Le otorga a la SIDE facultades amplísimas para acceder a información personal, requerir datos a organismos públicos y privados y actuar con un nivel de discrecionalidad que enciende todas las alarmas. Bajo el argumento de la “seguridad”, el Gobierno habilita un esquema donde el control judicial se vuelve difuso y el derecho a la privacidad pasa a ser una molestia secundaria. El viejo truco de siempre: primero el miedo, después el recorte de derechos.
Desde Salta, dirigentes de Derechos Humanos advirtieron lo evidente: el DNU abre la puerta al espionaje interno y a la persecución política. No se trata de una lectura exagerada ni ideológica, sino de una consecuencia lógica de un texto que concentra poder en los servicios de inteligencia y reduce los controles externos. Cuando el Estado puede mirar sin pedir permiso, escuchar sin rendir cuentas y actuar sin límites claros, la democracia deja de ser un sistema de reglas y pasa a ser un decorado incómodo.
Blanca “Nenina” Lescano, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, alertó que este decreto es el “encuadre para poder actuar en absoluta clandestinidad” como en el período previo a la última dictadura.
Para el centro ALFA abre la puerta a injerencias arbitrarias en la vida de las personas y de las organizaciones, en contradicción con las propias prohibiciones establecidas por la ley de Inteligencia Nacional.
Que todo esto se haya hecho por decreto no es un detalle técnico, sino una definición política. El Congreso fue deliberadamente esquivado porque el debate público incomoda, expone contradicciones y obliga a justificar lo injustificable. No hay necesidad ni urgencia que explique por qué era imprescindible avanzar de este modo sobre libertades básicas. Lo que sí hay es una clara vocación de gobernar concentrando poder y desarmando los contrapesos institucionales que toda república necesita para no deslizarse hacia el autoritarismo.
El DNU 941 no fortalece la seguridad ni combate el delito; fortalece al poder y debilita a la ciudadanía. Y cuando un gobierno decide espiar antes que escuchar, el problema ya no es la inseguridad: es la democracia misma.