Luego de la multitudinaria marcha nacional en apoyo a la universidad pública, el gobierno nacional envió a la Universidad de Buenos Aires un refuerzo del 270% para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios y los integrantes del Consejo Superior.
Tres semanas después de que se realizara la histórica Marcha Universitaria Federal, y luego del envío de fondos a la UVA, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigieron al gobierno de Javier Milei que efectivice inmediatamente el incremento del 270 % del presupuesto de gastos de funcionamiento para todas las universidades nacionales del país. Además, se ratificó el reclamo por aumento salarial de docentes y no docentes, la actualización de los montos de las becas estudiantiles y el sostenimiento del sistema científica y tecnológico.
En un comunicado difundido ayer, advirtieron que “resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”. “No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, sostuvieron rectores nacionales.
Según analizaron, “la actualización en un 270% del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300% para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.
“Por lo tanto –agregaron los rectores-, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”.
Asimismo, expusieron: “Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas”.
“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, sostuvieron los rectores y subrayaron: “Reunido en la sede del CIN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo resuelve quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.
En la UBA
Luego de la multitudinaria marcha universitaria y su impacto en la Casa Rosada, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con su intransigencia en girar más recursos a las casas de estudios superiores, cuyos presupuestos fueron congelados desde 2023 a pesar de una inflación interanual de más de 200%, lo que pone en riesgo su funcionamiento a partir del segundo semestre.
La primera respuesta del presidente Milei a la masiva movilización fue un posteo en sus redes sociales que tensó aún más la cuerda con la comunidad universitaria. “Lágrimas de zurdos”, escribió, para tratar de subestimar la expresión multitudinaria en defensa de la universidad pública. Pero pocos días después, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, intentaron poner paños fríos y mantuvieron un encuentro con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
Posteriormente a esa reunión, la UBA recibió un refuerzo del 270% para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios y los integrantes del Consejo Superior –integrado por el rector, los decanos, profesores, estudiantes y graduados de las 13 facultades- decidieron suspender la emergencia presupuestaria declarada el 10 de abril pasado.
Con información de Somos Télam
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