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domingo, noviembre 22, 2026

Facturas Apócrifas | Para Bavio las trabas de la Justicia provincial frenan la causa

El Juez Federal Julio Leonardo Bavio se pronunció al respecto de la situación procesal de Matías Huergo y Pablo Gauffín, ambos involucrados en una de las causas de corrupción más escandalosas de los últimos años.  “Las diferencias entre tribunales no deben paralizar los procesos ni las investigaciones en curso”, indicó. 

En el marco de la causa “Arcadio Obras Eléctricas – Avan Sas – Matías Huergo y Otros” por infracción al Régimen Penal Tributario, el Juzgado Federal N°1 indicó que este hecho delictivo es competencia de la justicia federal y el 29 de junio de 2020 se resolvieron las situaciones procesales de todos los imputados.

Sin embargo, en el hecho delictivo de «facturas truchas» por el cual se acusa al entonces secretario de hacienda municipal, Pablo Gauffín, en perjuicio de la Municipalidad de Salta, de COSAYSA S.A. y de la Provincia de Salta, se declaró la incompetencia de la Justicia Federal el 9 de mayo de 2019 y se consideró que correspondía la intervención de la justicia de la provincia de Salta.

Entre más idas y vueltas, el Juzgado de Garantías N° 5, el 21 de junio de 2019, devolvió la causa e instó, en caso de no compartir lo resuelto, se devuelva al juzgado federal.

Luego de recibir la resolución el juez interviniente no planteó un conflicto negativo de competencia y el 6 de agosto de 2019 decidió suspender su trámite “hasta tanto se informe que el decisorio se encuentra firme”.

Al respecto, Bavio indicó que “las diferencias entre tribunales no deben paralizar los procesos ni las investigaciones en curso”.

El 9 de mayo de 2019 se declaró la incompetencia parcial del Juzgado Federal, lo cual fue apelado por el fiscal interviniente y el 14 de junio de 2019 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió confirmar la incompetencia para continuar investigando los presuntos hechos ilícitos en los que posiblemente estén involucrados funcionarios municipales, más de treinta empresas privadas (algunas reales y otras ficticias) y directivos de COSAYSA S.A. por direccionamiento y por la “cartelización” de la obra pública. Luego, reitera que el Juez de Garantías N° 5 decidió la suspensión.

“Siete jueces federales ya se pronunciaron en sentido coincidente respecto de la competencia local de los delitos comunes ya mencionados y la firmeza que se reclamaba para avanzar, ha sido superada holgadamente”, se manifestó en el parte de prensa y continuó reiterando, nuevamente, que fue el Juzgado de Garantías N° 5 quién suspendió el proceso formado por las actuaciones enviadas el 22 de junio de 2019.

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