Varios integrantes de la organización “Familiares contra la Impunidad de Salta” presentaron un escrito en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, objetando la postulación de Pablo López Viñals a Juez de la Corte Suprema de Justicia. El motivo sería el rechazo al modo o carácter poco “transparente” que ejerció el Poder Ejecutivo para tal candidatura.
Mientras parecía que la postulación del Dr. Pablo Viñals estaba prácticamente saldada y sin impugnaciones, un revés se le presentó al actual Procurador General de la Provincia. Con una carta dirigida a Marcelo López Arias, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, los miembros de “Familiares contra la Impunidad en Salta” rechazaron de raíz la postulación, por considerarla producto de una maniobra que desconoce el carácter independiente de la justicia.
Pablo López Viñals es actualmente el Procurador General de la Provincia, pero ha presentado su postulación para Juez del máximo tribunal de Justicia en Salta. Entre las adhesiones más importantes que ha recibido se encuentra la del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien firmó un decreto el 21 de marzo pasado. De esa manera, la carrera hacia el cargo comenzaba en el Ministerio Público, tal como señala la normativa.
Entre los argumentos que indican los objetores de la asociación de Familiares contra la Impunidad, se indica el carácter independiente de cada uno de los poderes del Estado. Dicha acusación, surge a partir del apoyo público que brindó el gobernador a la candidatura de Viñals. Según el escrito, “el Sr. Gobernador se ha manifestado prematura y apresuradamente a pocas de horas de producida la renuncia del Dr. Abel Cornejo, su simpatía e interés para que el postulado López Viñals lo sustituya en su cargo”.
Una denuncia que se repite
Para los denunciantes, esta candidatura es la expresión de una designación netamente política, que serviría para seguir sosteniendo los intereses del gobierno de turno. Y es que esta oposición de Familiares contra la Impunidad hacia el Procurador General data de largo tiempo. En el año 2014, Ana Fernández, miembro de la organización, presentó una denuncia donde pedía la destitución del funcionario y de todo el Consejo de la Magistratura. Aunque el pedido fue desestimado, abrió el debate acerca del proceso de selección de jueces y magistrados.
A la fecha, López Viñals lleva recolectadas 526 adhesiones para su postulación, en su gran mayoría provenientes de empleados del Ministerio Público. Si hasta la segunda semana de abril no se presenta otro postulante, en el mes de mayo asumiría la vacante que deja el Dr. Abel Cornejo.
A pocos días de que se haya rechazado el litigio para la modificación del mandato de los jueces de la Corte Suprema (que pretendía modificar la CP mediante un fallo), un nuevo escándalo vuelve a poner en el ojo de la tormenta al sistema judicial y su relación con los gobiernos.