En plena policrisis de la marginalidad social, la política pública de Salud Mental de Salta todavía no muestra un plan de salud mental táctico y estratégico para no ser una institución líquida que actúa, en el interior provincial, reactivamente y con improvisada metodología.
Por Rodolfo Ceballos (*)
Después de Morillo, primera capital del desamparo infantil, donde los niños entran en coma etílico y naturalizan el consumo de drogas, Iruya ocupa el segundo lugar en el mapa de chicos con problemas de alcoholismo y adicciones.
El senador de Iruya, Walter Cruz, en pleno recinto de la cámara, dijo que los niños de su pueblo comienzan a consumir drogas, y que “las muertes por alcoholismo son muy altas. Es casi normal el asunto, pero destruye la vida familiar y los lazos comunitarios”, indicó.
Lo interesante de Cruz es que marca la agenda a la desangelada política salteña de Salud Mental. Cuestionó los planes de acción contra las drogas porque apuntan solo al microtráfico, y remarcó que se olvidan del alcoholismo, una de las afecciones que más daño está haciendo a la comunidad.
Esto de marcar la agenda de Salud Mental, también ocurrió con Morillo. Una denuncia de la misma comunidad, que se angustió por un niño wichi de 10 años internado con coma etílico, llevó inmediatamente al lugar al grupo de operadores de Salud Mental que, junto a sectores de la comunidad, trabajan el problema.
Los pormenores de la reunión intersectorial en Morillo tuvieron profusa difusión, con fotos incluidas, en el parte de prensa del Gran Bourg. Al gobierno le interesaba que se lo vea en acción.
Por supuesto, en Morillo, las declaraciones de la alta dirección de Salud Mental, estuvieron encuadradas en las siglas AOS: ya hace tiempo que Actuamos, estamos Operando y vamos a hacer Seguimiento. Ese AOS dicho así, políticamente correcto, abarca el pasado, el presente y el futuro de la presencia de Salud Mental en la zona. Indica que no se “borra”.
Como las acciones en distintos territorios y con varios grupos etarios son opacas, sin ser comunicadas a la opinión pública, cuesta cronicar si en Morillo realmente hubo AOS.
Entonces ¿por qué existen niños y adolescentes en extrema vulnerabilidad e inequidad que aparecieron como emergentes de la pobreza y exclusión si ya hay una prevención del problema? Pregunta justa para una conferencia de prensa que, sabemos, nunca se hacen para transparentar a la salud mental comunitaria.
Al menos, el senador de Iruya dejó en claro que en su departamento no existe ningún AOS de Salud Mental y remarcó que «Nos damos con que el 60% sabe quiénes consumen drogas, el 50% sabe quiénes introducen las drogas en el pueblo y lucran con ello. Desde los 13 años, nuestros jóvenes consumen drogas y alcohol”.
Tanto en Morillo como en Iruya, el borramiento del Estado implica la incapacidad de resolver los problemas más acuciantes de esas poblaciones rurales.
El gatopardismo en las soluciones del Estado no satisface a las familias afectadas por el consumo problemático de sus hijos.
Al menos, se conoce que el campo de la política es uno de los pocos factores que moviliza a la alta dirección de la salud mental. Por la queja del senador Cruz, se viajará diligentemente a Iruya y no habrá ninguna declaración de retórica sanitarista para el parte de prensa de la Casa de Gobierno, diciendo que en la comunidad hace tiempo hay un AOS. Lo que sí ocurrió en Morillo.
En las reuniones celebradas entre los técnicos de Salud Mental y sectores de la comunidad, se escuchan valores como “solidaridad” y “cooperación”, pero no hay presencia continuada en el territorio, porque faltan recursos humanos que den continuidad a las intervenciones.
Los centros de consulta a veces existen, pero no se articulan con las urgencias locales ni con actores comunitarios. Se multiplican reuniones técnicas sin restitución de derechos ni dispositivos concretos. Ante el sufrimiento mental infantil y de adolescentes, se opta por la internación sin agotar alternativas comunitarias, como fue con el niño alcoholizado de Morillo.
Esta liquidez institucional del gobierno, no es solo ineficaz: desmoviliza, porque simula acción mientras perpetúa la exclusión.
Lo que ocurre en Iruya no es una falla puntual, sino un síntoma estructural. La política líquida de Salud Mental no logra coagular en presencia estatal real. Los resultados son intervenciones que no permiten que los territorios recuperen su capacidad de narrarse, de cuidar, de proyectarse.
Las instituciones que antes tejían una narración de la misma Iruya como fue la escuela, la Iglesia, la radio local, los ancianos, por ejemplo, fueron desplazadas o silenciadas por el comercio de sustancias ilícitas y la venta permitida de alcohol a menores, que parece tan normal.
El niño intoxicado de Morillo, hoy judicializado, no encontró adultos que lo cuiden, y los adultos están desbordados o anestesiados.
Los chicos de Morillo como de Iruya crecen sin modelos, sin promesas, sin incentivos de proyectos que les den lugar.
La política de salud mental no está diseñada para las intervenciones tempranas y llega al terreno después, cuando la comunidad fue penetrada por la policrisis y quedó atrapada en una forma de existencia suspendida, con infancias y adolescencias con el dolor de existir.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental.