Los dichos y actuaciones de los tres funcionarios públicos- que pertenecen a poderes estatales distintos- generaron un efecto adverso para el Gobierno en pleno conflicto.
La represión y detención de docentes y enfermeras el pasado 25 de mayo ha marcado un punto de inflexión en Salta. Pero a esa delicada situación se sumaron una serie de declaraciones y decisiones político-judiciales que terminaron agravando el conflicto, que por estas horas se traduce en movilizaciones y cortes de ruta en toda la provincia.
Quizás el caso más resonante haya sido el de José García, el concejal capitalino que se molestó porque su par Emilia Orozco reveló que perciben sueldos de casi un millón de pesos. Además de las burlas en redes sociales, trabajadores de la educación y de la salud hicieron bandera: “Quiero cobrar como José”, rezan los carteles que se exhiben en las marchas.
A las pocas horas el ministro Ricardo Villada (Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos) participó de una conferencia de prensa en la que sostuvo que las manifestaciones son comandadas por dirigentes políticos de la izquierda y, además, responsabilizó a padres y madres del conflicto docente.
“De usted también depende mucho. De la opinión que usted vierta en el entorno familiar, de la opinión en el café, de la opinión en las redes sociales. Cuando usted pone ‘me gusta, me gusta, me gusta’, ¿Qué reivindicamos? ¿Qué los chicos no estén en clases y las cosas se diriman en un corte de ruta?”, lanzó Villada el viernes último.
La frutilla del postre la puso Ada Guillermina Zunino, la jueza que dio aval a la Policía para irrumpir en el corte al ingreso de Salta. No conforme con las irregularidades en el proceso denunciadas por el Comité contra la Tortura, Zunino salió a dar entrevistas con un tono soberbio para fortalecer la construcción de ese “enemigo interno” que propugna el Gobierno y deslegitimar la lucha docente.
A pesar de la dialéctica de Villada, de las disculpas de García y de la justificación esgrimida por Zunino, lo cierto es que generaron un efecto adverso para el Gobierno. A ello debe sumarse una maniobra compartida entre el Ejecutivo y la Legislatura: la aprobación sobre tablas de un proyecto anti-piquetes. Ahora se multiplicaron las protestas.
Poco a poco el reclamo docente y del personal sanitario va perforando la agenda pública, atiborrada por de medios de prensa bien pagos que se pliegan a la estrategia gubernamental de demonizar e invisiblizar. Una estrategia que, además, exhibe la embriaguez de poder que padecen ciertos personajes.
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