Estigmatización. La docencia como profesión. El colectivo docente como actor político. La compleja cuestión docente. Por Marianela Sansone Bettella*
Hace algunas semanas, la ministra de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, realizó una serie de declaraciones desafortunadas sobre el perfil de los y las docentes. Un discurso peyorativo, estigmatizante, clasista, y sobre todo tendencioso.
Una de las frases que más repercusión generó es la que refiere al perfil de los y las estudiante de la carrera docente: “Son personas cada vez más grande de edad, que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción, luego de haber fracasado en otras carreras; y si uno mira por nivel socioeconómico (…) en términos de capital cultural y experiencias enriquecedoras en el momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera”.
Las declaraciones fueron repudiadas por toda la comunidad educativa, tanto porteña como nacional, no solo por el contenido sino también por el mensajero ¿Puede una ministra de educación referirse en esos términos? ¿Puede un funcionario público estigmatizar a un sector social para evadir las falencias del sistema educativo y justificar las malas decisiones de los gobiernos de turno?
El rol docente es fundamental y central en la sociedad. Más allá de la crisis, las críticas y las embestidas, la escuela sigue siendo la única institución capaz de asegurar una formación para grandes poblaciones. Como toda profesión, la docencia requiere de conocimientos y habilidades. Para ser docente es necesario estudiar, formarse y capacitarse. No basta con levantarse una mañana y decir, “voy a ser docente”. Se debe estudiar.
El docente (como colectivo) es profesional pero también se autodefine como trabajador, y esta dualidad en la que se constituye su rol actual debe entenderse desde su historia como actor político. Solo nos remitiremos a la historia más reciente.
Luego del cimbronazo institucional y social que significó la última dictadura cívico-militar, los gobiernos nacionales y provinciales desatendieron progresivamente el sistema educativo en general y la formación docente en particular. En abril de 1997, se instaló frente al Congreso de la Nación la emblemática Carpa Blanca, como respuesta a las políticas neoliberales implementadas durante la segunda presidencia de Carlos Menem. El principal objetivo de la Carpa era la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo, que redimiera los nefastos efectos que tuvieron otras políticas sobre el sistema educativo.
La Carpa estuvo vigente durante más de mil días – se levantó en diciembre de 1999 – y se constituyó en un emblema de lucha para los sectores opositores a las políticas neoliberales. Desde entonces, el colectivo docente, representado en unos pocos grandes sindicatos, adquirió mayor fuerza política.
Durante los primeros años del presente siglo se sancionaron algunas leyes que buscaban saldar viejas deudas, como la creación del Instituto Nacional de Formación Docente a partir de la Ley Nacional de Educación (2006), y la Ley de Financiamiento Educativo (2005), que establece un incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% del PBI. Si bien fueron leyes ampliamente acompañadas por la comunidad educativa, en su implementación presentan grandes falencias. Mantienen una lógica de decisiones centralizadas que avanzan sobre las decisiones jurisdiccionales sin tener en cuenta las particularidades de cada provincia. Pero esto puede ser tema de otra columna.
Todo lo descrito se complejiza cuando prestamos atención a los cambios sociales de los últimos años. Vivimos en una sociedad caracterizada por los cambios constantes, que no puede ser comparada con la sociedad de nuestros abuelos y abuelas o padres y madres. No podemos añorar una escuela de una sociedad que ya no existe. No podemos añorar docentes para escuelas que ya no existen.
Los y las docentes no son el problema del sistema educativo ni sobre ellos y ellas deben recaer la salvación del mismo. Las políticas educativas no fracasan por los y las docentes. En todos casos, ellos y ellas son parte -fundamental- de un sistema educativo que debe re-pensarse desde y para la sociedad actual.
La cuestión docente nos interpela como sociedad. Casi todos y todas tenemos recuerdos con o sobre ellos y ellas. Son parte de nuestra constitución como sujetos, y nuestra relación con el rol docente cambia a medida que atravesamos diferentes roles dentro de la comunidad educativa: estudiante, padre, madre, docente, trabajador, funcionario, etc. La cuestión docente es una cuestión social.
Como sociedad debemos revisar nuestra relación con la escuela en general y el rol docente, en particular. Por su parte, a quienes les toca ejercer funciones públicas deben evitar discursos destructivos como el de la Ministra Acuña. Pero sobre todo, concentrar su trabajo en generar políticas y estrategias a largo plazo, que trasciendan los gobiernos de turno.
Tenemos un desafío que implica un proceso largo y difícil, donde no hay recetas mágicas ni más posibilidad de atajos.
*Socióloga y Magister en Educación