Según el trámite en el Juzgado de Garantías de Octava Nominación, se solicita embargar preventivamente: inmuebles, automotores y parte del sueldo de Javier Wayar, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras la denuncia por irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante mercedeño.
La semana pasada, la Justicia resolvió trabar embargo a las propiedades de Wayar, hasta cubrir la suma total de $3.521.772. Ello implica, además de las propiedades y bienes, el 20% del salario del intendente mercedeño. El embargo es preventivo hasta tanto se lleve a cabo el juicio que determine la culpabilidad del imputado y si deberá pagar esa cifra o una mayor.
Recordemos que por esta causa, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó al jefe comunal por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres ediles como partícipes necesarios del delito de peculado.
Lo que pasó, y tuvo una denuncia formal por parte de la oposición en el CD de la Merced, fue que Wayar dejó de darle plata al Concejo Deliberante para que los ediles opositores no pudieran cobrar sus sueldos, mientras él había nombrado como empleados del ejecutivo municipal a los concejales oficiales.
Las irregularidades que se investigan corresponden a transferencias en distintos meses de los años 2019 y 2020. Respecto al delito de peculado, de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.
Santiago Huerga, que hasta el año pasado ocupó la presidencia del cuerpo, le dijo en su momento a Página12: “Eran pagos que les hacía para coimearlos y que voten a su favor, porque la plata salía de la cuenta de la municipalidad directamente a la de los concejales”.
Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.