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domingo, febrero 25, 2024

La Moraleja y la destitución de Rajoy: un escándalo que salpica a Salta

La semana pasada se conoció la noticia a nivel mundial de que Mariano Rajoy fue destituido de su cargo como presidente, tras graves denuncias de corrupción en el Partido Popular. Luis Bárcenas, extesorero de la agrupación política, es accionista de Finca La Moraleja en Salta, que está en la mira por posibles desvíos de fondos. Urtubey se desligó de un escándalo de magnitud internacional.

La conmoción por la destitución de Rajoy tuvo un fuerte impacto en la escena de la política mundial, ya que se trata de la separación de ni más ni menos que un presidente. Y nuestra provincia se vio tocada de cerca por el caso.

Ocurre que uno de los integrantes del Partido Popular, Luis Bárcenas está siendo investigado por la justicia española por posible lavado de activos y desvío de fondos, en relación con la Finca La Moraleja. Según se investiga, se habrían puesto como garantía las más de 30 mil hectáreas que posee la finca, en la que se dedican a la producción de soja y cítricos.

El extesorero del Partido Popular, el partido al que pertenecía Rajoy, fue condenado a 33 años de prisión, por otros hechos comprobados de corrupción, entre los que se destaca el cobro de coimas. Respecto a la Finca, que fue caracterizada por el diario El País como un “imperio agrícola”, se encuentra también involucrada la esposa de Bárcenas.

El dueño de la Finca es también Manuel Fraga, otro extesorero del Partido Popular. Las  condenas a varios funcionarios y al mismísimo presidente están encuadradas dentro del “Caso Gürtel”, un escándalo de corrupción que lleva más de diez años siendo investigado, y que le ha costado al Partido Popular su imagen y la confianza de los españoles.

El diario Infobae, en su publicación del 1 de junio señala que “La investigación central comenzó en 2007, tras una denuncia de un concejal del Ayuntamiento de Majadahonda, en la región de Madrid, que había recibido más de 260 mil euros como parte de la red de corrupción.

El sistema era comandado por una red de empresarios encabezados por Francisco Correa (por un juego de su apellido con la palabra gürtel, «cinturón» en alemán, la policía bautizó así el caso) que mediante sobornos y dádivas a funcionarios conseguían excepciones a los códigos urbanísticos y medioambientales para llevar adelante emprendimientos inmobiliarios. Diversos funcionarios y el propio Partido Popular se beneficiaron de esas dádivas y retornos por los beneficios empresariales”. Luego, las investigaciones fueron arrojando entramados mafiosos de mayor extensión, llegando inclusive hasta la provincia de Salta.

¿Que es La Moraleja?

Esta finca, altamente productiva, posee más de 30 mil hectáreas y se encuentra ubicada en Apolinario Saravia. Como ya se supo, sus dueños son españoles y es una de las principales empresas proveedoras de jugo concentrado de limón en la Argentina. Las grandes extensiones de tierra se encuentran en un lugar privilegiado, dado que son un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, volviéndola altamente fértil y una porción de tierra más que deseada.

Pero la situación de la finca en Salta estuvo teñida por muchas irregularidades. El año pasado, en noviembre, el presidente de la campaña de Cuidado de Bosques de Greenpeace denunciaba a españoles por haber desmontado de manera ilegal más de 3 mil hectáreas, cuando estas eran áreas protegidas por la Ley Nacional de Bosques Nativos.

En una nota publicada en el portal Informate Salta en mayo de 2017 se contó la situación: “A través de una carta dirigida a Greenpeace, la certificadora confirmó que “el área deforestada a finales del año 2010, inicios del 2011 y 2014, que suma un total aproximado de 2970 hectáreas, corresponde a áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) de acuerdo con la definición de la Norma RAS para Agricultura Sostenible, toda vez que la selva pedemontana reúne los valores de conservación especificados en las categorías de AVC 1 y AVC 3. Esta situación conlleva a la no conformidad con los requisitos de criterios críticos de la Norma de Agricultura Sostenible (…)”

En aquella ocasión, la organización ambientalista denunciaba que “Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”.

La cuestión acerca de los Bosques Nativos y sus desmontes ilegales ha sido una de las críticas más férreas a la gestión de Urtubey, ya que se comprobó que se autorizaron recategorizaciones de zonas protegidas en pos de beneficiar intereses económicos de sectores productivos privados, como lo fue con el caso de la empresa de Fraga y Bárcenas, hoy condenados por la justicia de España.

Los desmontes, no obstante, no fueron la única causa que se le imputó a la empresa española. En el año 2017, en el mes de noviembre, se le quito el certificado de agricultura sostenible, justamente por haber actuado en contra de la ley desmontando zonas protegidas. De las tres mil hectáreas que se desmontaron, la empresa sólo se comprometió a reforestar 1400.

Consultado acerca de la causa, el gobernador Urtubey dijo que la provincia no tiene nada que ver con la sentencia que terminó destituyendo a Rajoy, y que será la justicia española la que determinará la participación o nivel de involucramiento que pueda tener la empresa.

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