Lo dijo el abogado Agustín Colque en Infinito FM donde aseguró que es una práctica extendida: cientos de detenciones sin orden judicial, sin comunicación con fiscales y sin proceso iniciado encienden luces de alerta.
Organizaciones sociales, víctimas de violencia policial y referentes de derechos humanos se concentraron en las puertas de Ciudad Judicial para denunciar detenciones arbitrarias y prácticas policiales que, aseguran, vulneran derechos básicos. En paralelo, ya se presentó ante la Corte de Justicia de Salta un hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo, con el objetivo de frenar este tipo de procedimientos.
“Estamos hablando de personas jurídicamente inocentes, a las que se les priva de la libertad sin que exista una acusación formal ni control judicial”, sostuvo.
Colque remarcó que muchas de estas detenciones se justifican como “preventivas” o por “averiguación de identidad”, pero exceden los límites legales.
“La ley orgánica de la Policía establece un máximo de seis horas. Sin embargo, hay casos donde se supera ese tiempo, incluso cuando la persona ya acreditó su identidad”, señaló.
Según explicó, el problema no es aislado ni excepcional. “Esto le puede pasar a cualquiera. La presunción de inocencia sigue vigente en Argentina, y la libertad ambulatoria es un derecho constitucional”, advirtió. También subrayó que estas prácticas chocan con tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Uno de los puntos más sensibles señalados en la entrevista fue el sesgo discriminatorio de las detenciones. “Operan prejuicios, estigmas sociales y de clase. Hay sectores más expuestos que otros”, afirmó. En ese sentido, mencionó especialmente a la comunidad LGBTQ+, personas en situación de pobreza, entre otros.
“El problema no es solo la detención arbitraria, sino lo que ocurre durante el encierro: apremios, golpizas, incomunicación y condiciones indignas”, alertó. Colque recordó el caso de una mujer trans fallecida en Rosario de Lerma tras una breve detención contravencional, y denunció que en muchos casos las personas trans son alojadas en celdas con varones, en abierta violación a la ley de identidad de género.
El hábeas corpus presentado busca que el Poder Judicial ordene corregir estas prácticas y prevenir su repetición. “Es correctivo porque apunta a modificar la conducta policial, y preventivo porque busca evitar nuevas vulneraciones”, explicó Colque.
El planteo incluye estándares fijados por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sobre los plazos, el letrado dijo: “La Corte debería resolverlo con urgencia. Estamos hablando de la libertad física, uno de los derechos más básicos”. Además, destacó que una jueza ya ordenó colocar carteles informativos en alcaldías para que las personas detenidas sepan que el recurso está en trámite.
Mientras se espera una definición judicial, las organizaciones advierten que el problema sigue vigente. “No se trata de casos aislados, sino de un esquema de control social que se repite”, concluyó.