Si bien las primeras figuras ya adelantaron su escasa voluntad de sentarse a acordar los ya famosos diez puntos de consenso básicos, el gobierno retomó con esa acción la iniciativa de la agenda política, dejando para la oposición kirchnerista la presentación de libros, con algún hecho violento que quedó viralizado.
El intercambio epistolar entre el gobierno nacional y los referentes de la vida política y social, sumado a la foto en Casa Rosada de un puñado de gobernadores opositores, aunque demostró las limitaciones prácticas del llamado del presidente Mauricio Macri a acordar los famosos 10 puntos de consensos básicos para dar certidumbre al mercado sobre el rumbo del país, le permitió al oficialismo retomar la iniciativa política en momentos en que los malos datos económicos y el consecuente malhumor social esmerilaban sin cesar la imagen del gobierno.
Ante un andar zigzagueante del oficialismo frente a la coyuntura, el cambio de agenda resultaba necesario al igual que la premura por tranquilizar a los inversores y, de este modo, impedir una nueva corrida cambiaria que lleve al dólar hacia una carrera alcista que disparara los precios.
Es que en Balcarce 50 reconocen que el proyecto de reelección de Mauricio Macri sólo sería posible con una macroeconomía controlada que permita bajar los por ahora elevados números de inflación hasta situarlos por debajo del 4 por ciento mensual en forma continuada desde mayo hasta los comicios generales que tendrán lugar durante el mes de octubre.
Una espirilización de los precios, aún sin hiperinflación, tendría el mismo efecto que lo ocurrido con la candidatura del fallecido Eduardo Angeloz en 1989 cuando intentó sin éxito suceder a Raúl Alfonsín.
La misma teoría habría tumbado la intentona de colocar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la boleta presidencial: la buena imagen de la mandataria provincial habría sido arrastrada por la desconfianza ante el descalabro económico.
Como sea, desde que el último lunes el gobierno decidió ampliar la convocatoria a enriquecer con propuestas el decálogo macrista: así se sucedieron intercambios por carta, correo electrónico en verdad, con las iglesias católica y evangélica, con precandidatos presidenciales como el ex ministro Roberto Lavagna o el ex diputado nacional Sergio Massa, y las visitas al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los armadores de esta estrategia, de gobernadores amigos como Gustavo Bordet (Entre Ríos) u Omar Gutiérrez (Neuquén).
Los obispos respondieron desde Roma donde llevan a cabo la visita ad limina al Papa: dejaron en claro que conversaban con Francisco sobre nuestra tarea pastoral en nuestras diócesisy que para que la convocatoria sea fructífera debe haber un encuentro de todos los actores para escuchar las prioridades de cada uno y recién luego elaborar una agenda consensuada, no anterior como los diez puntos elevados, y que la misma deberá ser sensible a la realidad nacional y a la vida de los pobres.
Aunque los integrantes del Episcopado recién volverán al país dentro de 10 días, no dejaron de emitir una crítica sutil a la iniciativa diferenciándola de la Mesa de Diálogo Argentino que fomentó en aquel convulsionado año 2002 tras la renuncia del presidente y poniéndole punto final al gobierno de la Alianza, el radical Fernando de la Rúa.
El problema con la actual propuesta es que no prevé foto con Macri alrededor de una mesa ni una firma en conjunto de un documento avalado por el escribano general de gobierno: es una intención tardía de generar previsibilidad para que el oficialismo pueda llegar con las variables económicas más o menos controladas al cierre de listas del 22 de junio. No va a venir ningún gobernador que sea candidato, se sinceraba un estrecho colaborador del presidente.
Con la CGT, también convocada al acuerdo y a la ronda de charlas y que se apuró a filtrar su oposición a la medida, el Poder Ejecutivo ha trabajado en la semana para evitar que el rechazo incluya un llamado a un paro en la reunión del martes 14 de comité ejecutivo que se llevará en la sede de calle Azopardo.
Los funcionarios buscan darles la zanahoria que logre saciar los ánimos alterados. Hay pocas chances de un paro en conjunto con el moyanismo. Sigue la bronca con Pablo (Moyano). Pero también con el gobierno porque no se pudieron cobrar los 13 mil millones de pesos que tenían que devolver a las obras sociales, apuntó una fuente sindical consultada.
El jueves último, un comunicado interno firmado por José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) daba cuenta que la Superintendencia de Servicios de Salud, por medio de la resolución 373, informaba que en el transcurso del corriente mes de mayo se estarían desembolsando 2100 millones de pesos entre el programa S.U.R. (Sistema Unico de Reintegro) y Sumarte (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial.
Fuente: Diario Popular