El proyecto de reforma enviado por el Gobierno al Congreso nacional en diciembre pasado para ser tratado en extraordinarias ni siquiera llegó al recinto. La agenda se impuso en otra dirección, pero el objetivo es retomarlo. ¿Qué objeciones y qué desafíos se presentan?
El proyecto de ley de Libertad Educativa, plantea una redefinición del sistema nacional de educación sobre principios de libertad, justicia y pluralismo, deroga la Ley de Educación Nacional 26.206 /2006 y establece un marco que otorga mayor autonomía a las instituciones. También reconoce la educación en el hogar y en entornos virtuales, y garantiza igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas.
Un aspecto importante es que la propuesta garantiza la gratuidad en las escuelas públicas y prevé financiamiento equitativo para todas las instituciones, mediante criterios centrados en el estudiante. Se establece contenidos mínimos comunes para todo el país, respetando la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) como herramienta voluntaria para medir aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.
En el campo de los educadores, la propuesta consiste en reformar la carrera profesional, basarla en el mérito, la formación continua y la evaluación periódica, y crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que reemplazaría al INFOD.
En la presentación, el Gobierno señaló que se busca “modernizar el sistema educativo, ampliar la libertad de elección y reducir desigualdades, en un contexto de debate sobre la calidad y la equidad en la educación argentina”.
ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO: OBJECIÓN CENTRAL
La norma propuesta reserva para el estado un “rol subsidiario”, es decir –que la intervención estatal sólo se presente cuando la ciudadanía no pueda resolver sus problemas o satisfacer sus propias necesidades. En este punto radica la mayor cantidad de objeciones, puesto que se deja de lado al Estado como garante de la educación, más allá de que no resigna su acceso y gratuidad.
La exsecretaria de Gestión Educativa de Salta, Roxana Celeste Dib, doctora en Educación de la UNT, analizó la propuesta del Gobierno y advirtió sobre el cambio que representa que el Estado adopte la subsidiariedad. En tal sentido, recordó la experiencia de la modalidad híbrida puesta en práctica durante la pandemia, donde quedaron expuestas de sobremanera las desigualdades sociales.
Sobre el punto, destacó la importancia del rol docente, ya que se trata del profesional formado y acreditado para ejercer la trascendental tarea educativa, “es quien tiene la formación para aplicar el contenido pedagógico, en pandemia fue frustrante que a los papás se les dificultaba muchísimo poder tener la didáctica de un docente y enseñar”, sostuvo y agregó “la figura del docente no debería desaparecer nunca porque ejercen un rol irremplazable”.
La académica salteña destacó la importancia de que Di los docentes sean consultados antes que el Congreso avance con el tratamiento del proyecto y planteó que “el Gobierno nacional debe abrir el debate, la Ley 26.206 es de 2006 y ya puede ser revisada, pero con amplia participación”.
En tanto, la docente universitaria y socióloga especializada en Educación, María “Maru” Bielli, quien se desempeña como diputada de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que “el punto fundamental de la propuesta es la determinación del rol del Estado como ‘subsidiario’, por lo que cuestionó que la Educación “deja de ser un bien público -garantizado por el Estado- y el énfasis se centra en la familia ‘como agente natural y primario de la educación de sus hijos”.
De allí que criticó que el reconocimiento de una oferta educativa por fuera y en competencia con las instituciones formales, habilita la proliferación de ofertas sin ningún tipo de regulación.
Por otra parte, Bielli advirtió que las provincias también asumirán un rol subsidiario “los responsables van a ser las familias, las provincias y el estado va acompañar”.
20 AÑOS DE LEY… Y DESIGUALDAD
En las consideraciones sobre la reforma educativa el punto de partida ineludible es la Ley de Educación Nacional 26.206, vigente hace casi dos décadas. Desde el aspecto concreto y vinculante, los resultados tienen un mecanismo inequívoco de análisis: las pruebas.
Un análisis sobre el punto lo propone la docente y economista salteña Silvia Álvarez, quien plantea el fracaso de las pruebas Aprender y las evaluaciones internacionales de la OCDE, a través del programa PISA, muestran un deterioro sostenido en los aprendizajes, remarcando que “no se trata de un problema aislado, sino que atraviesa todos los niveles del sistema”.
Álvarez se apoya en los datos:
- El 45% de los alumnos de tercer grado alcanza niveles satisfactorios en lectura, es decir, más de la mitad no comprende textos adecuados para su edad.
- En secundaria, la situación se agrava. En Lengua, el 43% de los estudiantes se ubica en niveles bajos o insuficientes.
- En Matemática, en 2013 el 65% estaba por debajo del nivel básico, en 2024 ese porcentaje asciende al 82%. Se consolidó una tendencia regresiva.
- Si se analizan las trayectorias educativas completas, en Argentina, solo el 53% de los estudiantes logra finalizar la escuela secundaria en el tiempo teórico previsto; en Salta, ese porcentaje desciende al 43%.
- El 16% de los estudiantes en el país y sólo el 11% en Salta logra completar sus estudios en tiempo y forma alcanzando niveles satisfactorios o avanzados tanto en Lengua como en Matemática.
Ante tan alarmantes indicadores, el diagnóstico es inocultable, la economista concluye en dos direcciones palmarias, el evidente fracaso de la Ley vigente y la reproducción de las desigualdades, si se tiene en cuenta que del porcentaje que se destaca por asimilación de contenidos y trayectoria educativa, indicando que del 16% de estudiantes que logran completar sus estudios en tiempo y forma, el 63,7% de ellos, asistió a escuelas de gestión privada, a lo que se suma que 8 por ciento pertenece al tercio más alto, 5 al nivel medio y apenas 3 al más bajo.
“El sistema educativo no solo no corrige las desigualdades de origen, sino que tiende a reproducirlas y, en muchos casos, a profundizarlas”, sentenció Silvia Álvarez.
En efecto, la importancia y la valoración integral de los datos permiten una apreciación más cabal, despojada de prejuicios ideológicos. En muchos casos, el apego a planteos de ese orden, contrasta con la experiencia, por ejemplo, en Brasil, hasta la década pasada, la gratuidad del nivel superior no implicaba necesariamente que a las universidades estaduales ingrese una matrícula mayoritaria proveniente de la educación estatal, sino de gestión privada, a raíz de la exigencia de los exámenes de ingreso.
AUTOGESTIÓN Y EXPERIENCIA
La propuesta de una mayor autonomía académica y administrativa de las instituciones educativas, debe analizarse a la luz de la experiencia. En Salta, el método de financiamiento directo a las instituciones para obras de restauración edilicia, fue suspendido por sucesivas irregularidades administrativas. De allí que el Gobierno resolvió que los fondos se transfieran a las intendencias. Otro tanto ocurrió con el Plan de Mejora Institucional (2010), financiado por Nación, que no estaba destinado para obras, pero que tampoco redundó en la optimización de los aprendizajes a la luz de los resultados.
La injerencia y participación de los padres a través de un consejo específico, como propone la Ley de Libertad Educativa, incorpora otro aspecto sensible ya que no es garantía para resolver las desigualdades.
Teniendo en cuenta los datos, la experiencia, los resultados y los propósitos, el primer consenso transversal bien podría estar planteado en que la cuestión educativa retome centralidad, que su debate trascienda a quienes tendrán la responsabilidad de la cuestión vinculante y del ámbito específico. (PRA)