A través de un comunicado, la ONG del Padre Martearena dio a conocer su rotundo rechazo a las iniciativas del actual Gobierno nacional. Advierten sobre el riesgo de la extranjerización de la tierra y las riquezas naturales.
La ONG Programas Sociales Comunitarios -PROSOCO-, fundada por el sacerdote Ernesto Martearena, emitió una postura de rechazo a la modificación de la Ley de Tierras y de la Ley de Bosques que impulsa el Gobierno nacional.
“La ley de Tierras (26737) limitaba la posibilidad de vender a extranjeros tierras con fuentes de agua importantes o que estén en zonas de seguridad de fronteras. Procuraba con ello evitar la concentración y extranjerización de las tierras rurales. La derogación de esta ley propuesta por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Presidente Javier Milei vulnerabiliza aún más la situación de las comunidades originarias, hasta ahora precariamente protegidas por la ley de emergencia territorial 26160, que, como ley transitoria, desaparece si no es prolongada”, se indica en primera instancia.
Además, advirtieron que la modificación de la Ley de Bosques que permite el desmonte en las áreas rojas y amarillas – hasta ahora vedadas – y elimina la obligatoriedad de informar a comunidades indígenas, criollas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones otorgadas para desmonte.
“Esto agrava la vulnerabilidad de las comunidades originarias ante particulares, empresas agropecuarias, petroleras y mineras, a pesar de que nuestra Constitución reconoce su preexistencia étnica y cultural, comprometiendo al Estado el garantizar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupa”, plantea el pronunciamiento.
La derogación de la Ley de Tierras ignora también el fenómeno del Land Grabbing (acaparamiento de tierras) por parte de países asiáticos y árabes que se hacen de tierras a gran escala en terceros países para cubrir sus necesidades alimentarias; hasta ahora lo hicieron en países africanos.
Sin restricciones Argentina abre las puertas para esta moderna forma de saqueo y expone a las comunidades originarias al desalojo, condenándolas así a más pobreza y a la pérdida del „monte“ que es vital para su supervivencia y que ellos consideran sagrado.
En el mismo sentido de pérdida de derechos y protección de los pueblos originarios va la nueva Ley de Minería que habilita una minería a gran escala y flexibiliza aún más los controles.
“Por todo lo expuesto PROSOCO manifiesta profunda preocupación y su rechazo a una legislación que viene a empeorar la situación de las comunidades originarias. Le solicitamos al Gobierno Nacional que retome el espíritu de la ley de emergencia 26160, disponiendo la conclusión del relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por comunidades indígenas y que avance en el reconocimiento legal de la propiedad comunitaria a través de la entrega de títulos de propiedad colectiva, respetando sus culturas”, remarcar el comunicado de PROSOCO sumándose a los sectores de sociales, gremiales y de la sociedad civil, que se oponen a las medidas del Gobierno nacional.