La multa de 80 millones de pesos aplicada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos contra el fideicomiso Urbanización Vía Aurelia tiene una larga secuencia de advertencias, intimaciones, informes técnicos, análisis de laboratorio, medidas cautelares y resoluciones administrativas que terminaron exponiendo un problema mucho más grande que una simple infracción.
El caso golpea de lleno a la desarrolladora Magdalena Day- ex esposa de Mario Peña (h) y socio del ministro de Porducción Ignación Lupión- que construyó gran parte de su fortuna sobre la promesa de urbanizaciones planificadas y barrios de calidad.
Sin embargo, el presidente del Ente Regulador, Carlos Humberto «Uluncha» Saravia, en diálogo con Infinito FM sostuvo que detrás de esa imagen existe una realidad muy diferente.
La crítica apunta al modelo de desarrollo que, según el organismo, permite comercializar grandes extensiones de tierra mientras las soluciones para agua potable, cloacas y saneamiento quedan pendientes o dependen de futuras inversiones públicas.
El expediente del Ente concluyó que la planta instalada en zon sur, precisamente en Vía Aurelia resulta insuficiente para atender la magnitud real del emprendimiento.
El barrio cuenta con aproximadamente 1.800 lotes distribuidos en distintas etapas, pero la infraestructura destinada al tratamiento de efluentes no fue diseñada para soportar semejante demanda.
Saravia al respecto dijo: «tienen una infraestructura que dicen ellos que es una planta depuradora compacta y en realidad es prácticamente una cámara séptica con escaso nivel de tratamiento o digestión del efluente».
Los informes técnicos incorporados al expediente sostienen que las fallas detectadas son estructurales, permanentes y reiteradas.
Por esa razón el organismo abrió una causa sancionatoria, celebró una audiencia conciliatoria, dictó medidas cautelares y exigió un nuevo plan de tratamiento de líquidos cloacales. Según el Ente, la propuesta presentada por la empresa tampoco cumplió con los requisitos técnicos exigidos.
La situación escaló cuando llegaron los resultados de los análisis microbiológicos. La Resolución 1101 establece un máximo de 2.000 coliformes fecales por cada 100 mililitros.
Las muestras tomadas en Vía Aurelia registraron cerca de 23 millones. «La normativa permite 2.000 y ellos tenían 23 millones», aseguró. La diferencia es tan desproporcionada que se convirtió en uno de los principales fundamentos de la sanción.
Los estudios físico-químicos concluyeron además que existieron vuelcos directos de líquidos cloacales insuficientemente tratados hacia el Río Arenales.
Se trata de una cuenca que arrastra más de 17 años de conflictos ambientales y que actualmente continúa bajo monitoreo judicial.
Las declaraciones más duras de «uluncha» Saravia no estuvieron dirigidas a la contaminación sino al proceso de comercialización de los terrenos. El funcionario recordó que los desarrolladores conocían desde hace años las limitaciones existentes para garantizar determinados servicios. «En 2016 pidieron la prefactibilidad y les dijeron que no», indicó.
«En 2017 volvieron a pedir y les dijeron que estaba condicionada a la ampliación de la depuradora sur», dijo y sostuvo: «pasaron nueve años. ¿Qué pasó en el medio? Se dedicaron a vender.»
Otra de las contradicciones señaladas por el organismo aparece en la publicidad utilizada para promocionar el desarrollo. Mientras el Grupo MDay presenta Vía Aurelia como un emprendimiento terminado, el Ente sostiene que existen servicios esenciales que todavía no están regularizados.
Saravia lo resumió con otra frase contundente: «Cómo lo podemos considerar terminado si no tienen tratamiento de efluentes, no tienen conexión a la cloaca, no tienen certificado de aptitud ambiental y tampoco tienen transferido el servicio de agua potable.»
La observación adquiere relevancia porque la información brindada a compradores y propietarios se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación administrativa.
Incluso el organismo dispuso medidas específicas para garantizar que los vecinos reciban información clara y veraz sobre la situación ambiental y sanitaria del emprendimiento.
Durante la entrevista radial, Saravia también describió el estado actual de los servicios dentro del barrio. «Hoy lo que está claro es que en relación al agua potable hay dos medidores y viven 180 familias.»
La declaración alimenta los cuestionamientos sobre la capacidad real de la infraestructura disponible para abastecer una urbanización de semejante escala.
Frente a las críticas formuladas por la empresa, Saravia confirmó que la sanción continúa vigente y que el expediente seguirá su curso judicial.
«Las multas se imponen para retraer al que infringe la ley y para que reencause su conducta», resaltó.
El Grupo MDay apeló la resolución y ahora será la Justicia la que determine si el procedimiento administrativo se ajustó a derecho. Sin embargo, el titular del organismo rechazó cualquier sospecha de presiones políticas.
«No he tenido ninguna llamada ni del gobernador ni de ningún ministerio tratando de que cambiáramos el rumbo sancionatorio», sostuvo.
Lo que preocupa dentro del organismo es que las observaciones realizadas sobre Vía Aurelia encuentran paralelismos con reclamos que desde hace años aparecen en otros desarrollos vinculados al Grupo MDay.
Lares de la Inmaculada, Almería, El Mollar, La Celestina y Ekodistrito acumulan cuestionamientos vinculados a servicios, escrituraciones, infraestructura, desagües o incorporación municipal.
Por eso, la discusión ya no gira únicamente alrededor de una multa de 80 millones de pesos. Lo que quedó bajo la lupa es un modelo de desarrollo que, según Saravia, privilegió la comercialización por encima de la infraestructura.
«No puede estar el compromiso en la estética de las publicaciones y cuando vamos a la realidad encontramos incumplimientos de la normativa», concluyó por Infinito FM.