11.4 C
Salta
viernes, junio 21, 2024

Más promesas de “Beto” Castillo y van…

Cuestionado por su gestión, el dirigente del PRO Alberto Castillo, titular de la firma Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa), anunció -sin fundamentos ni proyecciones científicas- que la provincia podrá exportar energía fotovoltaica desde el parque de paneles solares de Olacapato en las próximas décadas.

Como nos tiene acostumbrado se trataría de una promesa mediática: Castillo cada vez que queda en evidencia por ser un lobbysta caro, aparece con alguna declaración rimbombante como la mencionada.

Antes que nada es necesario destacar que los recursos minerales que se encuentran bajo el suelo de la puna pertenecen al pueblo salteño; y claro -desde una perspectiva federalista- pertenecen también al resto de los habitantes de la Argentina. Pero sin dudas esos recursos y la consecuente ganancia que genera su explotación no pertenecen bajo ningún punto de vista a las arcas proselitistas que el oficialismo provincial atesora para las próximas campañas electorales.

Esta semana, el abogado Alberto Castillo, titular de la firma de mayoría estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa), declaró públicamente en declaraciones radiales que durante las próximas décadas la provincia podrá exportar energía fotovoltaica a través de la planta de energía solar construída en la localidad de Olacapato.

Tal como se informó oficialmente, “el Parque Solar Altiplano 200 tiene una potencia total de 200 MW; abarca una superficie de 350 hectáreas, y está integrado por  un total de 554.580 paneles solares”. Su construcción requirió una inversión de 313 millones de dólares aportados por un banco alemán y empresas francesas, entre otros accionistas de los que poco se informó a la sociedad local. La construcción del parque generó 462 puestos de trabajo, pero la etapa de operación sólo ocupó a 20 salteños.

Y, si bien la energía que allí se produce es trasladada en parte al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la posibilidad de exportar -por ejemplo a Chile- es sólo una promesa escondida entre las palabras de Castillo, que dijo: “Hay muchísimos proyectos que quieren llegar a Salta, pero hay que conseguir líneas de transporte” para esta energía.

Durante la entrevista en una radio local, Castillo no perdió la oportunidad de enviar un mensaje proselitista: “Fue un año muy bueno, tenemos que agradecer al gobernador”. Este pequeño gesto cristaliza en alguna medida la posición permanente de REMSa, que ejecuta obras con fondos públicos, para intervenir en la explotación de recursos que pertenecen al pueblo; y finalmente esas obras o avances son presentados como supuestos logros de la gestión de Gustavo Sáenz.

Pocos días atrás, consultado sobre las pujas en el oficialismo de cara a los comicios de mayo de 2023, Castillo -referente del PRO en esta provincia- dijo que no se postulará, pero que apoyará los planes de actual titular del Ejecutivo, Gustavo Sáenz. “Me veo trabajando desde la gestión, que es lo mejor que puede mostrar el Gobernador”, aseguró.

Sin embargo, nada significativo dijo el funcionario sobre los proyectos de construir una nueva red de gas natural para La Silleta, Rosario de Lerma y Metán; tampoco mencionó palabra sobre el tendido eléctrico que irá desde Rodeo hasta La Poma; ni de los planes para la construcción de un red de 110 kilómetros de fibra óptica junto al gasoducto de la Puna, que -según dijeron- mejorará la conectividad en tierras de explotación minera.

REMSa, tal como explicó el mismo Castillo, obtiene dinero a través de la concesión de zonas mineras y del transporte de gas natural para la industria. También recibirá, por supuesto, las regalías de las futuras explotaciones de litio.

“Cabe aclarar, que en ningún caso los ingresos de Remsa provienen de aportes directos del Gobierno de la Provincia. En nuestro caso son ingresos vinculados en su totalidad y provenientes de la actividad privada. Tenemos el doble desafío de obtener los recursos y ejecutar las obras. Muchas veces lleva su tiempo especialmente las obras de gas, las redes de gas que estamos haciendo en Anta, La Viña y Guachipas. Estamos trabajando, también en redes de ampliación de gas en la Silleta, Rosario de Lerma y Metán. Y nos presentaron un proyecto de gas para La Caldera que empezamos a planificar”, dijo Castillo al El Tribuno.

Una millonaria transferencia de recursos 

Sin embargo, en ese reportaje, el funcionario también debió aclarar la significativa tajada del presupuesto 2023 que recibirá REMSa de las arcas provinciales: casi cuatro mil millones de pesos. En algún punto, la estrategia de “Beto” es clara. Se enfrenta al kirchnerismo, es decir al gobierno nacional, denunciando que “quieren manejar la caja del litio”, dando puertas adentro de la casa de Gobierno la imagen de un gaucho que pelea por los recursos locales.

Pero aquí nadie es tonto. Y ha quedado claro que él está vinculado como lobbysta con la empresa RONIALEM S.R.L., que apenas tiene pocos meses de constituida y entre cuyos dueños están Rogelio Frigerio, Nicolás Massot y Emilio Monzó (tres ex altísimos funcionarios macristas en la gestión nacional); firma que, como no podía ser de otra forma, realizará tareas de exploración y prospección de minerales en un campo minero de  27.000 hectáreas donde actualmente trabaja la compañía canadiense Portofino.

En concreto, durante 2023, REMSa podría recibir casi 4 mil millones de pesos. Un monto superior al previsto para Aguas del Norte o Salta Forestal, ambas sociedades con participación del Estado.

Al mismo tiempo, los $3.711.339.909 que se destinarían a REMSA superan a transferencias en concepto de “Asistencia a Otras Políticas Sociales” ($2.893.079.760), para el Traslado de Personal Policial y Penitenciario y también al Subsidio al Transporte ($3.652.775.237), estas últimas que forman parte de los fondos para SAETA ($16.078.978.882).

Ahora, si REMSa y sus obras se financian íntegramente con “la canalización de las millonarias inversiones de empresas extranjeras que se han anunciado en Salta y que consolidarán el desarrollo de la provincia”, no se entiende por qué -según informó el mismo Castillo a El Tribuno- con los casi cuatro mil millones del presupuesto 2023 -supuestamente- se financiarán el tendido de fibra óptica en la línea del gasoducto de la Puna, que requerirá $800 millones; un gasoducto para La Viña y Guachipas, que costará $121 millones; la ampliación de la red de gas natural en La Silleta y Rosario de Lerma, con un gasto de $46 millones; la ampliación de la red de gas en Metán, por $32 millones”.

También saldrá del presupuesto 2023 el dinero destinado a obras para redes de gas domiciliario, que se estima en 80 millones de pesos de las arcas públicas; la ampliación del gasoducto de Anta, con gastos de $48 millones; el tendido de una línea eléctrica de media tensión entre La Poma y el paraje Rodeo, con gastos por $660 millones; la construcción de centrales híbridas de generación eléctrica con paneles solares -no se especificó en dónde- cuyo costo ascenderá a $253 millones; también se justificó la abultada partida para pagar obras de un Nodo Logístico en la Puna, que costará $150 millones; además de la pavimentación y arreglo de la ruta provincial 27, que costará $500 millones; y la construcción de un camino minero en Campo Quijano, para el cual los salteños deberán pagar $555 millones.

Entonces, cabe aquí dos preguntas que deben hacerse los ciudadanos: ¿a dónde va realmente el dinero que los extranjeros dejan en Salta cuando se llevan nuestros minerales? ¿Y, si las empresas dejan tanto dinero, por qué REMSa necesita un aporte gubernamental de más de 3 mil millones de pesos?

Te puede interesar:

Presupuesto 2023 | El Gobierno prevé transferir más de $3 mil millones para REMSA

Más Leídas
Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí