La medida fue adoptada en el marco del proceso de amparo iniciado en mayo de 2021 contra la Secretaría de Prensa del Gobierno de la provincia de Salta. La multa es de 45 mil pesos y podría ser mayor.
“La Justicia de Salta multó al Gobierno de la Provincia por no cumplir la sentencia judicial que le ordenó entregar en un plazo de diez días, información relacionada a sus gastos en publicidad oficial”, informó recientemente el medio que pertenece al abogado Gonzalo Coraita, donde suelen pedir esta información paulatinamente y publicarla en detalle.
Precisamente ahí puede radicar la negativa de Provincia para entregar la información solicitada, o al menos la dilación para ello. Los montos suelen ser ominosos, como el caso del año 2021, en el que el gobierno de Sáenz gastó casi 845 mil millones de pesos, cuya gran mayoría se concentró en no más de una decena de medios muy vinculados al poder: El Tribuno (familia Romero); Canal 9 (familia Matus); Telefe; FM Pacífico (familia De Vita); FM Aries (Mario Peña, padre del ministro de Turismo); Informate Salta (Troka: Zambrano Storniolo); y Que Pasa Salta (senador Emiliano “tablet” Durand).
Pero avanzando un poco más con la multa informada por Salta Transparente, se puede señalar primero que el Juez Alfredo Gómez Bello, Vocal de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar a la acción de amparo iniciada por el citado medio, y le ordenó al gobierno informar “en un plazo de diez días sus gastos en publicidad oficial correspondientes al segundo semestre de 2020, al año 2021 y al primer semestre de 2022”. En ese informe debían detallarse los criterios usados por la Coordinación Administrativa de la Gobernación a cargo de Nicolás Demitrópulos y la Secretaría de Prensa para distribuir la pauta oficial.
Así también, se solicitó “entregar copia de los expedientes de contratación y de control de aire efectuados sobre medios que recibieron pauta oficial, contrataciones de consultoras, medios y periodistas nacionales que recibieron publicidad durante el 2019, (año en el que el ex Gobernador Juan Manuel Urtubey lanzó su campaña presidencial) y copias del expediente de contratación de la consultora Praxis SRL”.
Provincia apeló la sentencia afirmando que le causaba un “gravamen irreparable” y decidió no hacer caso. Pero a principios de agosto de este año la Justicia intimó al Ejecutivo a “cumplir la sentencia en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de aplicarle una multa procesal diaria de $5.000 (pesos cinco mil), por cada día hábil judicial de retardo”. Entonces la Provincia hizo entregas parciales el 11 y 22 de agosto, y fue apercibida para el cumplimiento total de la sentencia el 30 de septiembre pasado. Nuevamente desoyó el pedido judicial y dilató más aún la entrega de la documentación requerida; por lo que la Justicia dispuso, el 14 de octubre, aplicar la multa establecida que asciende a 45.000, si se cuenta hasta el 17 de octubre; pero en caso de seguir avanzando los días, se sumarán 5 mil por cada uno.