Bodegueros sostienen que el alcohol cero afecta las ventas, aunque el consumo masivo cae en todo el país y el turismo en destinos como Cafayate atraviesa una temporada deslucida.
En los Valles Calchaquíes, donde la postal turística suele tapar tensiones más profundas, un grupo de empresarios vitivinícolas decidió pasar de la queja privada a la presión política directa. El objetivo: desarmar la ley de alcohol cero al volante y reemplazarla por un límite de 0,5 gramos por litro de sangre. La movida encontró eco inmediato en tres diputados oficialistas de la zona, Fabio López, Héctor Raúl Vargas y Patricio Peñalba Arias, quienes ya presentaron el proyecto y empezará su tratamiento apenas se abra el período ordinario el 1° de marzo en la Cámara de Diputados de Salta. Rápido reflejo institucional para una demanda sectorial muy específica.
El argumento central de los bodegueros suena sencillo: la tolerancia cero habría desplomado el consumo de vino y, por extensión, las ventas. Sin embargo, esa explicación choca contra una realidad económica mucho más áspera. El consumo cayó en casi todos los rubros, desde alimentos hasta indumentaria, en un país donde cada vez más familias cuentan monedas antes de llenar el carrito en el supermercado. Pretender que la crisis del sector vitivinícola se explique por una ley vial es, como mínimo, una simplificación conveniente.
Basta mirar lo ocurrido durante la última temporada turística para entender el cuadro completo. Localidades emblemáticas como Cafayate registraron una merma notable de visitantes. Menos turistas implican menos degustaciones, menos restaurantes llenos, menos ventas directas en bodega. La ecuación es económica antes que normativa: si la gente no viaja o reduce gastos, el vino queda al final de la lista. No porque no pueda beber una copa, sino porque quizás ni siquiera puede pagar la escapada.
En paralelo, la ley de alcohol cero nació de una acumulación dolorosa de tragedias viales. Son decenas los salteños que perdieron la vida por conductores que decidieron manejar después de beber, aun sabiendo que ponían en riesgo a otros. La normativa buscó precisamente cortar ese margen de tolerancia cultural que durante años naturalizó “una copita de más”. Volver atrás implicaría reinstalar una zona gris donde la interpretación personal vuelve a pesar más que la prevención colectiva.
Los empresarios sostienen que buscan “equilibrio” y “convivencia entre producción y seguridad”. Por eso pretenden, con el nuevo proyecto, endurecer penas por conducir con un grado mayor del alcohol permitido. No obstante, los críticos de esta iniciativa hablan de priorizar balances por sobre vidas. Entre ambas posturas queda un dato incómodo: si el problema real es la recesión, modificar la ley no devolverá turistas ni reactivará el consumo.