Salta se encuentra en el podio de uno de los peores indicadores a nivel nacional: el de los femicidios y el de la violencia de género. A esos indignantes números, se suma el de los embarazos adolescentes e infantiles, muchos producto de abusos. El Observatorio de Violencia contra la Mujer ha relevado dichos datos, pero sigue sin dar un balance concreto de la gestión de Urtubey. Opinorte dialogó con su directora: Tania Kiriaco.
A raíz de los 21 femicidios que ya se contabilizaban en Salta para el mes de marzo de 2018, se decidió aumentar el presupuesto para el Observatorio de Violencia contra la Mujer, para combatir de manera más fehaciente la violencia que sufren las mujeres salteñas todos los días. Según los informes del año 2016 y 2017, la cifra de muerte de mujeres en manos de sus parejas y de exparejas ha aumentado. En ese sentido también han aumentado la cantidad de denuncias, lo que desde el Observatorio toman como muestra de que afortunadamente las mujeres se sienten más contenidas al denunciar la violencia.
La cifra actual que maneja a modo de presupuesto el Observatorio es de tres millones y medio de pesos, para trabajar con la prevención y con la implementación de políticas públicas para una protección integral de la mujer que sufre violencia de género, y para prevenir posibles casos futuros.
En ese sentido, la directora del OVCM, Tania Kiriaco se refirió a la tarea del Observatorio. Consultada por Opinorte acerca de cuál es el balance que hacen de la gestión de Urtubey en relación a las políticas de género, Kiriaco subrayó que «los balances los hacemos a través de los informes anuales que ya están publicados. Somos un organismo técnico y nos expresamos a través de los informes«, no queriendo arrojar ningún tipo de comentario contra la gestión del gobernador.
Respecto a cuáles deberían ser las mejoras para que finalmente pueda verse un avance no solo cultural, sino estatal y de gestión respecto a la violencia, la directora sostuvo que lo que se necesita es «Mejorar las políticas públicas hacia las mujeres en prevención, como el detectar de manera temprana la violencia y no cuando ya se manifiesta de forma pronunciada. Dijo además que «actualmente estamos trabajando en protocolos para mejorar las estadísticas como por ejemplo en el registro de femicidio. Se trabajó en protocolo en salud que fue aprobado por el Ministerio de Salud. Se está trabajando en capacitación para la implementación de la ESI, en todos los establecimientos escolares, y el monitoreo territorial en todos los municipios en áreas de la mujer para asistir a las mujeres en situación de violencia de género.»
Sin embargo, y pese a que las mujeres que están en el Observatorio han defendido su gestión, las cifras en Salta y en todo el norte siguen aumentando. En 2017 mataron a 24 mujeres en la provincia, según este relevamiento, lo que implica que hubo 1,9 casos por cada 100 mil habitantes. Este año, los números han sido todavía más alarmantes, con casos que han tenido resonancia a nivel nacional, como el de Andrea Neri, asesinada por su pareja dentro de la cárcel, un hombre que ya había matado otra mujer en las mismas circunstancias.
Se suman los datos de que cada tres horas, una niña de entre 10 a 14 años pare un hijo en la región del NOA. Dentro de esas estadísticas, Salta encabeza la lista.
Por ello, y como parte de considerar una apertura y avance en los derechos de la mujer, el Observatorio se pronunció a favor de la ley de aborto legal, sosteniendo que «La posición del directorio del observatorio fue a por la legalización de la interrupción del embarazo en la amplitud de derecho de las mujeres, como salió en la media sanción. Se considera necesaria la ley, justamente por esas estadísticas, pero más importante, para poder trabajar sobre la prevención real, y políticas que acompañen a dichos sectores vulnerables»
Las declaraciones fueron laxas, y no sirvieron para aclarar qué política concreta se debe aplicar, cuando en Salta las mujeres no sólo mueren, como consecuencia más nefasta de la violencia de género, sino que sufren con mayor intensidad la pobreza, la discriminación laboral, y el abandono de un Estado que sigue estando ausente en cuestiones tan fundamentales, como defender la vida de las mujeres más vulnerables.