La entrega de módulos focalizados de la que se jacta Mimessi en redes sociales resulta insuficiente frente a una iniciativa que amenaza incluso derechos preexistentes y de la que Gustavo Sáenz se convierte en cómplice.
Mientras el oficialismo analiza cambios en la Ley Bases y no descarta postergar el Pacto de Mayo, al que Gustavo Sáenz adheriría pese a los perjuicios que se advierten desde diferentes sectores, el Parlamento Indígena Argentino, desarrollado en La Rioja este lunes, se pronunció al respecto objetando su validez.
Durante el evento, que reúne a representantes indígenas de diversas comunidades, pueblos y naciones originarias del territorio, consideraron que el mencionado pacto que promueve Javier Milei “constituye una acción improcedente, en tanto el pacto que rige las relaciones en el país es la Constitución Nacional, que instituye los compromisos logrados respecto al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina; garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (Art. 75, inc. 17)”.
Asimismo, para el conjunto de representantes “la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, del Proyecto de Ley Bases y del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la presentación del Proyecto de Ley del senador Pichetto de derogación de la ley 26160- que suspende los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que legítimamente ocupan- conjuntamente con otras medidas económicas, constituyen un ataque generalizado a las condiciones de vida y a los derechos de los y las habitantes de Argentina, particularmente de los pueblos indígenas”.
“Reafirmando nuestro derecho inalienable a preservar nuestra identidad cultural, lenguas, usos y costumbres y formas de vida; desde nuestra conexión espiritual y material con nuestras tierras y territorios tradicionales, y asumiendo nuestro compromiso de oponernos a cualquier acto que amenace su integridad y nuestro derecho a la autonomía y al autogobierno en asuntos que afectan a nuestras comunidades, llamamos a las comunidades de los distintos pueblos indígenas y organizaciones indígenas y solidarias a expresarse y movilizarse en repudio a la convocatoria y realización del Pacto de Mayo, a la exigencia de nuestra participación efectiva en la toma de decisiones del Estado que nos afectan y a fomentar la cooperación entre nuestros pueblos y Naciones buscando siempre la convivencia pacífica y el respeto mutuo”.
No obstante en Salta, pese a la dramática situación que desde hace siglos atraviesan los pueblos indígenas, el gobierno provincial que encabeza Gustavo Sáenz ya se ha pronunciado en favor del Pacto de Mayo, después de enviar a sus legisladores Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega a apoyar la Ley Bases.
En tanto, sus acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población indígena, particularmente en el norte salteño, se limitan a la entrega de módulos alimentarios de la que se jacta el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y a prorrogar una vez más la emergencia sociosanitaria, declarada hace cuatro años, sin resultados palpables y sin poder evitar más muertes por desnutrición.
Frente a un contexto de incertidumbre económica y advertencias por parte de diferentes sectores respecto al impacto negativo que tendrían el Pacto de Mayo y la Ley Bases para el conjunto de argentinas y argentinos, la posible postergación de la convocatoria de Javier Milei a los gobernadores se convierte en una oportunidad de reflexión para un Gobierno provincial en deuda con sus electores. (MH)
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