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domingo, febrero 25, 2024

Persecución a estudiantes secundarios por el aborto legal: ahora intervendrá la Justicia

Desde que se le diera media sanción a ley de interrupción voluntaria del embarazo, han salido a la luz casos de estudiantes secundarias que denuncian persecución y discriminación, tanto en escuelas públicas como privadas. Entre los testimonios, se encuentran sanciones, llamados de atención frente a otros compañeros y hasta amenazas de expulsión.

Una postal de lo que dejó la movilización masiva por la sanción del aborto legal, es la gran cantidad de adolescentes que han decidido participar, ya sea en manifestaciones a favor o en contra. El día de la “vigilia” pudo observarse en las redes que comenzaron a circular videos de menores de edad, que se encontraban manifestándose y haciendo pintadas a favor de la sanción de la ley.

Ese “escrache” social si se quiere, se trasladó a las escuelas, donde decenas de estudiantes denunciaron que fueron amenazados por directivos y profesores, por haberse expresado de manera afirmativa. Entre los testimonios, los adolescentes contaron que se los expuso frente a todo el alumnado, señalando como incorrecta su conducta; otros testimoniaron que se los sancionó, y hasta que se los amenazó con expulsarlos de la institución si seguían haciendo visible su postura.

Dichos actos ya fueron denunciados por los padres de los alumnos, que accionario contra el Ministerio de Educación y pidieron hablar directamente con la ministra Berruezo para que le ponga fin a la situación.

El Observatorio de Violencia contra la Mujer pudo relevar las denuncias de persecución, amenazas, y discriminación que vienen padeciendo los estudiantes en sus establecimientos educativos. Ante ello es que se solicitó a Berruezo su urgente intervención a fin de que se revise la legitimidad y conveniencia de las medidas disciplinarias tomadas para con las y los adolescentes que se manifestaron y ejercieron su libertad de expresión reivindicando los derechos de las mujeres.

También, el OVcM, solicitó intervención a la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, para que el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de turno tome intervención y determine si las actuaciones de los directivos educativos constituyeron violencia institucional.

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