Un juez tucumano ordenó que un canal deje de criticar a magistrados durante seis meses. Un bozal judicial explícito, torpe y peligroso. En Salta, donde la Justicia acumula silencios selectivos y piel finita, más vale tomar nota: esto es exactamente lo que no hay que hacer.
La Justicia tucumana le regaló al país un ejemplo perfecto de cómo retroceder institucionalmente en un solo movimiento. Un juez penal subrogante, de esos que deberían ser los primeros en defender la legalidad, decidió prohibirle durante seis meses a un canal de cable local, Circuito Cerrado S.A., que publique contenido “negativo” sobre jueces y fiscales. Ni disfrazaron la maniobra: censura previa, pura y dura, sin maquillaje.
El fallo despertó un repudio transversal, incluso entre figuras del mundo judicial y mediático. Fernando Burlando lo calificó de “ilegal”, “inconstitucional” y directamente violatorio de la libertad de expresión. Lo dijo sin vueltas: no se puede prohibir la crítica al Poder Judicial, por más incómoda que resulte. Mucho menos desde un estrado.
El juez tucumano no sólo ordenó suspender cualquier contenido que pudiera “injuriar” a magistrados, sino que instaló un debate de fondo: ¿desde cuándo la crítica al funcionamiento de la Justicia es una amenaza y no un derecho? ¿Desde cuándo se acepta que quienes deben ser controlados por la prensa decidan qué puede publicarse sobre ellos?
En Argentina, los ataques a la libertad de prensa casi siempre vienen maquillados. O se esconden detrás de trámites administrativos, o se justifican con alguna narrativa sobre “proteger el honor”. Esta vez ni eso. La orden judicial fue tan explícita que pareció escrita por alguien decidido a dejar un (mal) precedente.
Salta no sólo tiene que tomar distancia de fallos como este. Tiene que garantizar que nadie los imite ni los justifique con tecnicismos. Cualquier intento de copiar semejante atropello sería devastador para la confianza pública, la transparencia y lo poco que queda del equilibrio institucional.
La crítica al Poder Judicial es un derecho, no un capricho. La prensa existe para incomodar, para exponer, para iluminar zonas que muchos preferirían mantener en penumbras. Cuando un juez decide que la incomodidad debe prohibirse por seis meses, lo que está prohibiendo no es sólo un contenido: es la democracia misma.
Tucumán dejó un mal ejemplo sobre la mesa. En Salta, más vale mirarlo, señalarlo y guardarlo en una vitrina de advertencias.