Luego de la entrevista en la que el Gobernador Sáenz fue consultado sobre lo que deja a la Provincia la explotación privada del lito, tomando como cálculo la exportación por el valor de un millón de dólares, corresponde precisar y aclarar las cifras de acuerdo a la legislación vigente.
El gobernador fue entrevistado por Alejandro Fantino, quien le consultó sobre la explotación minera, haciendo un cálculo sobre un determinado volumen de exportación. “Si se saca de Salta un millón de dólares de litio, ¿cuánto te queda a vos?”, preguntó el conductor, a lo que Sáenz respondió: “el tres por ciento”, es decir un monto de 30 mil dólares.
Mucho menos
Es fundamental tener en cuenta que la Ley provincial 8.229 de Regalías Mineras (reformada en 2020 por iniciativa del actual Gobierno provincial), establece que “el importe de la regalía minera será del tres por ciento sobre el valor de boca-mina del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación” y que las mismas se fijan en base a “declaraciones juradas”.
Esto implica que las regalías que se pagan, no se calculan en base al costo del litio que se exporta, sino al precio en su instancia de materia prima.
En consecuencia, la cifra que se indicó en la mencionada entrevista es claramente inferior y hasta difícil de calcular, precisamente por el esquema de declaración jurada.
Respecto a las regalías, el actual esquema de reparto que hace la Provincia del volumen recaudado, ha concentrado en la administración provincial los montos en desmedro de los municipios. De este modo, la participación es la siguiente:
- Un 20 por ciento para los municipios (de los cuales un 11, 25 % en los municipios donde se produce la actividad minera, el 6,25 % para el municipio no productor pero que se encuentre dentro del departamento productor y un 2,5 % para municipios en departamentos no productores).
- Un 10 por ciento para el Fondo Especial de la Promoción Minera, de los cuales el 5% será para promoción y capacitación, el 2,5% para tareas de fiscalización y control y el restante 2,5% para políticas de prevención y mitigación ambiental y social.
- El setenta por ciento restante es administrado por el Poder Ejecutivo provincial.