Los casos de Leonel Francia (Salta) y Lucio Dupuy (La Pampa) revelan un común denominador: los agresores directos recibieron condenas ejemplares, pero los funcionarios estatales y judiciales, que desoyeron las alertas tempranas, no fueron sometidos a ninguna sanción judicial, solo pasaron por el escrutinio negativo de la opinión pública. Y allí quedaron.
Por Rodolfo Ceballos (*)
Los psicólogos forenses saben muy bien leer el riesgo situacional. Lo consideran como la probabilidad de que una persona, en función de las circunstancias inmediatas y el contexto en el que se encuentra, sea un potencial agresor
Leonel Francia (Salta)
En 2023, Leonel de 11 años, ingresó sin vida al hospital. La justicia condenó a su madre, Lidia Raquel Cardozo, a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, las denuncias previas de la escuela -alertaban sobre maltrato y heridas visibles- nunca derivaron en sanciones para los operadores estatales.
Lucio Dupuy (La Pampa)
Convertido en emblema nacional, el caso expuso las falencias del sistema de protección. La jueza de Familia Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán fueron sometidas a juicio político por haber entregado la tutela de Lucio a su madre y pareja sin estudios socioambientales profundos.
El Jurado de Enjuiciamiento las absolvió por mayoría (4 a 1), argumentando que actuaron conforme a los acuerdos formales presentados. Ambas funcionarias fueron restituidas en sus cargos y continúan ejerciendo. Las condenas perpetuas recayeron únicamente sobre las dos asesinas investigadas.
Thiago Altamirano (Salta)
En el caso de Thiago se desplegaron ocho acciones tuitivas de parte del Estado, tres de ellas en salud mental y un seguimiento policial personalizado en la madre.
El protocolo usado fue de manual, pero el niño murió asesinado. Hasta ahora ¿todo indica que, como en los casos anteriores -con resultados de muerte por el maltrato parental-, la imputación recaerá exclusivamente en la pareja agresora?
Los funcionarios actuantes en el caso se consideran legitimados bajo el paraguas del ortodoxo manual de operaciones que llevaron todo el tiempo bajo el brazo, como un reaseguro de sus acciones interinstitucionales e interdisciplinarias.
El padrastro de Thiago quedó imputado por homicidio agravado por alevosía, la madre, acusada de homicidio agravado por el vínculo.
La sociedad salteña muy informada del caso -por distintas fuentes- analizó el crimen no con un manual de procedimientos, sino con la lógica de las evidencias. Una de ellas muestra que el asesinato ocurrió tres días después de terminado el seguimiento policial a la madre. En esa etapa del acompañamiento interinstitucional se informó de que no había indicadores de riesgo para las personas.
Lo que escapó al muy “confiable” manual es que el monitoreo solo se centró en la madre, no en su pareja, y así dejó un riesgo situacional sin evaluar.
Los psicólogos forenses saben muy bien leer el riesgo situacional. Lo consideran como la probabilidad de que una persona, en función de las circunstancias inmediatas y el contexto en el que se encuentra, sea un potencial agresor. Esa lectura no se centra en causas estructurales o rasgos personales, sino en las oportunidades concretas que facilitan o inhiben la comisión del delito.
¿Habría sido diferente el destino de Thiago si el equipo a cargo del caso hubiera evaluado el riesgo del victimario como un proceso que puede cambiar en lugar de un estado estático?
La psicología forense enseña que el riesgo nunca es fijo: es dinámico, acumulativo y debe tomarse en tiempo real. Ignorar esa naturaleza cambiante equivale a dejar abiertas las puertas al desenlace fatal.
(*) Periodista especializado en temas psicosociales y de salud mental.