El senador nacional pidió “no cuestionar a la Justicia”, pero cuando lo investigan a él se siente perseguido político. ¿Memoria selectiva o cinismo político?
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra de Cristina Fernández el eterno senador nacional Juan Carlos Romero cuestionó a aquellos que marcaron graves irregularidades en el proceso que condenó a la expresidenta. “no hay que cuestionar a la Justicia cuando el fallo no nos gusta”, dijo. Sin embargo, el senador dijo ser “un perseguido” cuando la Justicia local avanzó por varias causas en las que todavía está involucrado.
“No hay que cuestionar a la Justicia cuando el fallo no nos gusta, como hace el kirchnerismo, ni tampoco festejar cuando los jueces dan la razón”, dijo a Radio Salta. No obstante, estas afirmaciones contrastan notablemente con sus propias manifestaciones anteriores, en las que calificó como persecución política varias causas en su contra.
Durante distintos períodos de su carrera política, Romero no dudó en poner en tela de juicio el rol de la Justicia cuando se vio involucrado en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otras irregularidades durante su gestión como gobernador. En esos momentos, el senador denunció públicamente ser “víctima” de una campaña judicial y política en su contra, lo cual evidencia una doble vara en su visión del sistema judicial.
Las contradicciones no se limitan a meros matices discursivos. Mientras hoy exige respeto institucional hacia los fallos judiciales, años atrás acusaba a sectores del poder de manipular a los jueces y fiscales para dañar su imagen.
Resulta difícil no advertir la incongruencia en su discurso. Cuando se trata de causas que afectan a sus adversarios políticos, el senador se muestra como un firme defensor del accionar judicial. Pero cuando el foco se posa sobre él o sobre dirigentes cercanos, el relato cambia y emergen las denuncias de lawfare, arbitrariedades y persecuciones ideológicas.
Este tipo de doble estándar no solo pone en cuestión la coherencia del eterno legislador salteño, sino que también debilita la credibilidad del sistema político en su conjunto. La ciudadanía espera de sus representantes una conducta clara y firme, especialmente cuando se trata del respeto por las instituciones democráticas como la Justicia.
El senador nacional, que ocupó una banca entre 1987 y 1995 y ahora ininterrumpidamente desde 2007, tiene una serie de causas durmiendo en los tribunales locales. Hasta llegó a ampararse en sus fueros como senador para que no avancen.
Romero no es el único en caer en este tipo de contradicciones, pero su caso es emblemático por la vehemencia con la que ha oscilado entre el respaldo y la crítica al Poder Judicial, según su conveniencia coyuntural. En tiempos donde se debate con intensidad la independencia judicial, estas actitudes no hacen más que alimentar la desconfianza pública.