El gobernador cuestionó que Nación concentre la asistencia al transporte en el AMBA y reclamó “igualdad de oportunidades”. Sin embargo, su propia gestión reproduce ese esquema: Orán y Tartagal no reciben ningún tipo de subsidio al transporte.
Gustavo Sáenz volvió a levantar la bandera del federalismo para cuestionar la distribución de los subsidios nacionales al transporte. “Estamos reclamando igualdad de oportunidades y una distribución justa de los recursos”, sostuvo el gobernador en un mensaje dirigido al Gobierno nacional, en el que reclamó que la asistencia no se concentre exclusivamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El planteo tiene un argumento claro: las provincias no pueden seguir soportando las consecuencias de un esquema que privilegia a Buenos Aires. El problema aparece cuando esa misma discusión se traslada a las fronteras de Salta.
El modelo que Sáenz cuestiona a nivel nacional tiene un correlato dentro de la provincia. Mientras el Gobierno salteño sostiene económicamente el sistema de SAETA, que presta servicios en la capital y los municipios del área metropolitana, ciudades como San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal no reciben ningún tipo de subsidio para sus sistemas de transporte. Tampoco cuentan con programas de gratuidad para estudiantes. Allí, los usuarios deben afrontar el costo completo de los pasajes, salvo algún descuento por acuerdos entre las empresas concesionarias y los municipios, sin el acompañamiento provincial que sí existe para quienes utilizan el transporte metropolitano.
La diferencia se refleja con claridad en el precio del boleto. En Orán, viajar en colectivo urbano cuesta actualmente $2.200 en efectivo y $1.800 con tarjeta magnética, mientras que la tarifa escolar se ubica en $1.000. El valor del pasaje común coloca a la ciudad norteña entre las tarifas más caras del país, en un contexto económico en el que el transporte público representa un gasto cada vez más difícil de sostener para trabajadores, estudiantes y familias. En el área metropolitana, en cambio, el boleto de SAETA cuesta $1.450 y existe un sistema de gratuidades y beneficios financiado por el Estado provincial.
La situación no es nueva. Las diferencias entre el sistema metropolitano y los servicios del interior vienen siendo motivo de reclamos por parte de las empresas que deben sostener sus prestaciones sin una asistencia equivalente a la que recibe SAETA. Pero, más allá de las dificultades operativas de cada sistema, lo que queda expuesto es una desigualdad de fondo: el lugar de residencia determina qué tipo de acompañamiento estatal recibe cada usuario y cuánto debe pagar para trasladarse.
Por supuesto, Sáenz debe reclamar una distribución más justa de los recursos nacionales y a cuestionar que el AMBA concentre beneficios que no llegan al resto del país. Pero el federalismo no puede funcionar solamente como una demanda hacia Buenos Aires. Si la distribución debe ser equitativa entre las provincias, también debería serlo entre los distintos departamentos y ciudades de Salta. De lo contrario, el reclamo termina reproduciendo, a escala provincial, aquello que el gobernador denuncia en el escenario nacional.
“Estamos reclamando igualdad de oportunidades”, escribió Sáenz. Sin embargo, para los habitantes de Orán y Tartagal esa igualdad todavía no se traduce en políticas concretas. Mientras el gobernador exige que el interior del país deje de ser relegado frente al AMBA, el interior salteño sigue esperando que la misma lógica de distribución llegue alguna vez hasta sus ciudades.